Las acciones en favor del pueblo
Zoila Martínez Guante, María Ramos Abreu y María Batista Mejía.
La Defensora del Pueblo considera que el caso más humano en el que intervino fue el de las 51 familias que fueron desalojadas de la avenida Doctor Delgado, en Gascue, gestión que dice ayudó para que el presidente de la República, Danilo Medina, les construyera un barrio en Boca Chica.
Logró que 786 envejecientes sean afiliados al SENASA. Auxilió a 28 personas afectadas por la contaminación en la galería de la presa Tavera-Bao en Santiago.
Intervino para que el Ministerio de Relaciones Exteriores gestione la libertad de un dominicano detenido en Haití, porque cruzó la frontera ilegal.
Pero, además, medió para que a una reclusa haitiana le llevaran a su niña que estaba albergada en CONANI.
Solicitó al Ministerio de Medio Ambiente la siembra de árboles en las cuencas de los ríos. Ha pedido al Ministerio de Educación que introduzca en las escuelas, conjuntamente con la Asociación de Maestros, la materia de Derechos Humanos y Fundamentales.
Demandó la terminación del hospital de Paraíso, Barahona. Exige al Ministro de Hacienda que aumente el monto de las pensiones y se las conceda a los servidores públicos que han llenado todos sus requisitos, pues entiende que es justicia social, no un regalo.
Resalta también la labor que ha desplegado para que la empresa Falcondo reponga la capa vegetal y árboles endémicos en las lomas Caribe, Ortega y la Peguera, así como para enfrentar la depredación en la cordillera central y septentrional.
Anunció que el día 8 de este mes se trasladará a Bonao para reunirse con los ejecutivos de la minera, a fin de que entienda la urgencia que tiene el Defensor del Pueblo de que sea reparado en parte el daño ya causado al medio ambiente.
Solicitó por escrito a escuelas y hospitales que no se permita ningún tipo de discriminación, ya sea por preferencias sexuales, nacionalidad, ni condiciones físicas. Apunta que también ha visitado las cárceles, porque entiende que los reos deben recibir un buen trato. Señala que todavía hay reos que guardan prisión en fortalezas. Enfatiza que las oficinas públicas han atendido sus reclamos, excepto cuando se trata de expropiaciones de inmuebles. Ella lamenta que no haber logrado que las instituciones paguen a sus dueños las propiedades declaradas de utilidad pública.