Establecen suicidio en muerte arquitecto
El Instituto Dominicano de Patología Forense ha determinado que la muerte del arquitecto David Rodríguez García fue una determinación de suicidio del profesional.
El fallecimiento de García ocurrió en el mismo baño de la OISOE donde se hizo un disparo en la región temporal derecha, ocasionándole daños severos.
Patologia Forense dice en un reporte que el deceso del arquitecto se debió a “herida de contacto por proyectil de arma de fuego cañón corto, con entrada en la región temporal derecha y salida en región temporarietal izquierda, con contusión, laceración, hemorragia y desorganización de masa encefálica e hipoxia cerebral como mecanismo terminal”.
Ramó El desvelamiento del escándalo de corrupción que hoy pesa sobre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) fue desencadenado, aun cuando resulto en desgracia suya, de su familia y la congoja pública, el suicidio que escogió como salida el arquitecto David Rodríguez García, víctima de de lo que se ha denunciado como una práctica de corrrupción en esa institución pública.
En el escándalo en que ahora está involucrado el ingeniero Alejandro Isidro de los Santos Serrano, ex encargado del Departamento de Edificaciones Escolares de la OISOE y el abogado Julio Rafael Pérez Alejo, no es el único.
De acuerdo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), estos imputados, quienes guardan prisión conjuntamente con el ingeniero Yoel Soriano Fabián, sometieron a amenazas constantes de quitarle la obra al ingeniero Darío George Sarita, el cual obtuvo por concurso realizado por el Ministerio de Educación.
La obra era para la edificación de la escuela Doctor José Francisco Peña Gómez, ubicada en la Provincia Maria Trinidad Sánchez, Nagua, en el año 2013, por un monto de RD$20,000.00.
Según, el ministerio Público, De los Santos y Pérez Alejo, el 6 de septiembre de 2014 se presentaron a la referida obra, presionando con intervenir y quitarle la obra a George Sarita, por lo que éste tuvo que firmar cesiones de crédito y firma de facturas, quedándose los dos imputados con aproximadamente un millón de pesos.
Estos realizaban, a partir de su condición de funcionario de dicha institución, tales como supervisión de escuela, presionar a contratistas de escuelas, elaborar cesiones de créditos, trasladarse a escuelas a entregar dinero en efectivo por concepto de préstamos.