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La República sábado, 10 de enero de 2015

ROBO DE DROGAS

Son 21 los vinculados al tumbe de la Dican

  • Son 21 los vinculados al tumbe de la Dican
    Situación. La Dican fue formada para servir de apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo

La jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, fue designada para conocer una solicitud de medida de coerción en contra de 21 personas, incluyendo varios fiscales, oficiales, alistados y subalternos, acusados de la sustracción de más de mil kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican).

La magistrada Martínez fue apoderada de la solicitud de medida de coerción en contra del grupo, por el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Manuel del Socorro Pérez García.

El apoderamiento se produce luego de que la Procuraduría General de la República, solicitara al presidente del tribunal de alzada la designación de un juez para conocer el pedimento en contra de los implicados, que incluyen Ministerio Público, coroneles, capitanes, mayores y sargentos.

Empero, se espera en las próximas horas la magistrada fije la fecha de la solicitud de medida de coerción en contra del grupo que se encuentra en libertad.

No obstante, se informó que uno de los fiscales involucrados, Máximo Díaz, fue suspendido por disposición del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.

Hermetismo
Previo a la designación de la magistrada, el Procurador de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, se reunió con el Presidente de la Cámara Penal y posteriormente con la fiscal de esa jurisdicción, Olga Diná.

El caso de la designación de juez y solicitud de medida de coerción en contra de los fiscales y de los agentes del cuerpo del orden se viene manejando con hermetismo, por parte de los actores del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Es tan así que en la Secretaría General del Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle, se le prohibió a los empleados darle a los periodistas, los nombres de los fiscales y de los agentes del cuerpo del orden contra quienes se solicitó dicha medida.

Al principio, el caso fue depositado ante el Juzgado de Atención Permanente, pero luego fue retirada y apoderada a la presidencia de la Corte, en vista de que los fiscales adjuntos involucrados en el hecho tienen jurisdicción privilegiada.

Se recuerda que los fiscales adjuntos Máximo Díaz y Leonidas Suárez, participaron en el allanamiento del pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita, en el municipio Santo Domingo Este.

La jueza
La magistrada Martínez Mejía, quien es juez primer sustituta del presidente de la Cámara Penal, ingresó al sistema de Carrera Judicial, el 19 de abril del 2001.

Era jueza de la Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hasta que fue trasladada hacia la Corte de la Provincia de Santo Domingo, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Historia del Dican
Para reforzar el combate contra el microtráfico de la droga en el país, se creó el 15 de febrero del año 2008, mediante resolución del Consejo Superior Policial, la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional.

La misma fue formada para servir de apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la cual fue creada mediante decreto del Poder Ejecutivo, en el año 1988, como el organismo encargado del combate del Narcotráfico en la República Dominicana.

Previo a la creación del Dican, en el año 1975 el Gobierno dominicano promulgó la Ley 168 del 12 de mayo, como un mecanismo de control, tanto para el tráfico como para el consumo de drogas, encargando a la Policía Nacional de velar por el cumplimiento de esta ley por medio del aquel entonces denominado Departamento Narcótico y drogas peligrosas, dependiente del Departamento Escuadrón Contra Homicidios.

Para darle una jurisdicción especial al tráfico de drogas, se sustituye el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Luego se promulga la Ley 50-88 sobre el uso indebido de drogas y sustancias controladas, para poder legalmente penalizar las acciones del narcotráfico en el país.


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