Buscan poner régimen de Danilo a la defensiva

Entre denuncias al parecer infundadas, sospechas y una trama alimentada por los políticos y las redes sociales, el gobierno se halla a la defensiva sobre informes de que se aprobó un paquete de exoneraciones o impuestos únicos para políticos del Este.

Ni el desmentido categórico del ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien suele hablar por el presidente Medina en materia de comunicación, ni otras opiniones que han restado valor a las denuncias, acallaron un tema del momento.

Peralta fue entrevistado el lunes en el Palacio Nacional, luego de que el fin de semana se publicara en un medio digital de la región Este que se habían repartido 375 exoneraciones para políticos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de la región.

El desmentido del ministro Peralta tuvo convicción en el sentido de que el régimen del presidente Medina “no le va a dar ni impuesto único ni exoneraciones a nadie”, pero no se ha detenido a juzgar por declaraciones de funcionarios e insistencia de redes sociales.

Un desmentido paralelo hizo el director general de Aduanas, Fernando Fernández, quien tiene también a cuestas el tema de la falta de equipos de rayos X en los aeropuertos del Estado, una irregularidad que el funcionario no ha explicado debidamente.

La procedencia de los informes sobre las supuestas exoneraciones o impuestos únicos surge en medio de las inquietudes de la oposición y las denuncias contra la candidatura reeleccionista del presidente Medina y sus reuniones con partidarios.

Pide investigación Ayer el miembro de la Junta Central Electoral (JCE), José Ángel Aquino Rodríguez, solicitó a ese organismo que investigue la denuncia de que el gobierno estaría “regalando” exoneraciones de vehículos a dirigentes del PLD en la región oriental.

La solicitud, proviniendo de la entidad que organizará las elecciones del año 2016 no deja de tener su importancia, aunque se dice que el rumor público y las denuncias en las redes sociales han tenido como denominador común la irresponsabilidad.

El régimen de Medina se enfrenta ahora, como se enfrentó en su momento el del guatemalteco, Otto Pérez Molina, a una oleada de denuncias y quejas anónimas. La diferencia pudiera ser la alta valoración que tiene el dominicano.

Detrás de todo, se diría, que está el empeño en disminuir las posibilidades del régimen reeleccionista y la realidad de que es un gobierno con todos los comandos que si gana los comicios del 2016, estaría en el poder hasta el 2020.

El Presidente se ha cuidado de celebrar reuniones políticas en el Palacio Nacional relacionadas con su candidatura.

Al término de un encuentro el lunes con los senadores partidarios, en una oficina partidaria, se dijo que el PLD busca ganar los 32 senadores.

Otros escándalos Al régimen del presidente Medina lo persiguen y acechan escándalos que entretienen a la opinión pública pero le hacen daño. En días recientes ocupó portadas de los medios durante dos semanas el caso del exdiputado Alfonso Crisóstomo, El Querido.

Crisóstomo se pasó de la raya y se negó a obedecer a dos agentes de AMET que lo detuvieron. A poco esos agentes fueron transferidos y él se atribuyó la orden de sanción. Luego defendió su relación extramarital con una joven de Puerto Plata.

Una reprimenda tímida del secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, llamó la atención del exdiputado, presidente del partido en esa ciudad, pero se le mantuvo en el puesto de viceministro con asiento en la “novia del atlántico”.

Los medios han tenido en su portada lo alarmante del brote de dengue que hasta ayer había provocado la muerte de 53 personas, buena parte de ellos niños. Las explicaciones sobre el brote son ambiguas y no convencen al público.

“No pueden ocurrir fallecimientos, porque si ocurren es porque no hubo un manejo adecuado o no se orientó al familiar que llevó al paciente sobre cuáles eran los signos de alarma del dengue”, dijo la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino.

La doctora Guzmán Marcelino fue nombrada en octubre del año pasado en medio de una crisis hospitalaria que se llevó al ministro de entonces, Freddy Hidalgo. El doctor Hidalgo volvió al gobierno como Asesor Médico el pasado agosto, una reivindicación.

Otro caso de salud fue la muerte de dos obreros de 67 puestos a trabajar en condiciones infrahumanas en la limpieza de túneles del embalse de la presa de Tavera, en lo que algunos médicos anuncian una tragedia anunciada porque sufren de leptospirosis.

Los obreros, mayormente empleados del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRHI, fueron puestos a trabajar en la limpieza durante varias semanas expuestos a un comedero de ratas y murciélagos, un ambiente de extrema putrefacción.

El silencio de la Defensoría del Pueblo y de los protectores de los derechos humanos ha sido una de las señales de la deshumanización por la que pasa la ciudadanía, sobre todo los más indefensos, protegidos solo en casos políticos y de relumbrón publicitario.

Está pendiente otro tema urticante: el incumplimiento por parte de la mayoría de los funcionarios públicos de la ley 311- 14, sobre declaraciones juradas. El reglamento de dicha ley ha quedado en el olvido luego de largo tiempo en espera de su confección.

La Cámara de Cuentas ha insistido sobre la necesidad de que los funcionarios cumplan con la ley, pero generalmente los municipales no han depositado sus declaraciones ni tampoco muchos funcionarios nombrados por decreto.

El año que viene, luego de las elecciones, más de 4 mil funcionarios del gobierno central, Senado, Cámara de Diputados, altas cortes, banqueros estatales, oficiales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y alcaldías, tendrán que someterse al trámite, que muchos de los actuales han ignorado.