“Que la justicia y la Paz se encuentre”

m. En la generosidad de tantos servidores y servidoras voluntarios, bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, boy scouts, sacerdotes, religiosos y religiosas, pastores, agentes de pastoral, agrupaciones, organizaciones sin fines de lucro, entre otros, que se sacrifican y buscan en toda ocasión el bienestar de los demás. B. No, la justicia y la paz no se encuentran 23. Vemos que en la República Dominicana la justicia y la paz no se encuentran en estas situaciones que deseamos denunciar: a) En la violencia y la desigualdad institucionalizada 24. Se puede constatar que persiste “una violencia institucionalizada” como denunciaba el Documento de Medellín10 y que es una verdadera situación de pecado contrario al plan de Dios. Es sabido por la opinión pública que el gran crecimiento económico que ha experimentado la sociedad dominicana en los últimos años no se ha traducido en una reducción significativa de la pobreza, ésta se mantiene en torno al 40% de la población, muy por encima de la media latinoamericana (28%). 25. Peor aún, los reportes más recientes sobre la pobreza, como el de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para el año 2014, señalan que si bien en República Dominicana el porcentaje de pobres se ha reducido levemente, la indigencia ha aumentado en términos absolutos, al mantenerse en torno al 20% de la población (frente a un 12% de promedio en la región). 26. Es en este modelo excluyente de crecimiento económico material que se debe buscar la explicación fundamental del desasosiego y la violencia cotidiana en que vive la generalidad del pueblo dominicano y las personas de otras nacionalidades que habitan en su territorio. 27. En este sentido, valgan las palabras proféticas del Papa Francisco: “Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad (local, nacional o mundial) abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor”11. b) En la carencia de institucionalidad y de transparencia 28. Lo primero que desasosiega en República Dominicana es no saber a quién acudir ni a qué atenerse. Se tiene la sensación de que basta ser guapo y prepotente para imponerse y hacer lo que le parezca en las instituciones y en los ambientes en que se vive. En términos sociológicos, esta desprotección tiene un nombre claro, el cual se oye repetir en casi todos los debates públicos: institucionalidad débil. La misma se percibe en casi todas las esferas básicas asociadas a la vida cotidiana: la salud, la vivienda, la sanidad, el descanso, el trabajo, la circulación pública, la seguridad personal, la realización de contratos y la justa distribución de los bienes y servicios públicos. 29. Esta debilidad institucional se refleja especialmente en los aspectos fiscales, es decir, en la manera en que el gobierno recauda y gasta los recursos que son de todos los dominicanos. Al gasto público todavía le falta mucha calidad, lo que a su vez es indicio de políticas públicas poco articuladas. 30. La mayoría de la gente siente que el gasto del gobierno no impacta consistentemente su vida cotidiana, experimentando un mayor sentimiento de inseguridad. En muchos casos, la inexistencia de transparencia en el modo en que se utilizan los fondos públicos lleva a mucha gente a preguntarse: ¿se están usando adecuadamente los dineros de todos? Esta situación se muestra sobre todo en el excesivo recurso a las transferencias corrientes de una institución pública a otra. 31. Estas transferencias que sobrepasaron el 25% del presupuesto total del 2013 no aparecen claramente identificadas en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) que utiliza el gobierno para ejecutar el presupuesto nacional12. Al no aparecer todas desagregadas en las cuentas nacionales, muchas de estas transferencias pueden funcionar como un cheque en blanco y ser utilizadas disimuladamente para el clientelismo político. Además, las transferencias corrientes promueven duplicidades de funciones en las instituciones estatales, generando dispersión e ineficiencia en el uso de los recursos públicos. c) En la ausencia de un sistema eléctrico eficiente y justo 32. Es bien conocido el fracaso histórico del sector eléctrico dominicano por lo que la mera convocatoria del Pacto Eléctrico implica el reconocimiento público de este fracaso. Si bien el Pacto Eléctrico constituye un intento para mejorar la eficiencia de este servicio y sincerar el gasto, es cuestionable que el Estado en su visión política tenga que recurrir a “pactos” entre los actores cuyos intereses son meramente lucrativos para poder definir servicios que son esenciales en el desenvolvimiento social de toda la población. 33. En ese sentido, el Pacto Eléctrico es también una clara manifestación del vacío de institucionalidad del país que aumenta la sensación de que los derechos de todos los ciudadanos dependen de grupos “de expertos”, de empresarios y de políticos que se ponen de acuerdo en sesiones cerradas al público. 34. Los males conocidos de nuestro sector eléctrico son: altos precios de la energía, elevados costos de distribución, mal estado de las redes que generan grandes pérdidas, cortes frecuentes de energía, incapacidad de las empresas distribuidoras para cobrar la energía, hurto y fraude generalizado, contratos leoninos con los productores de energía que son lesivos al Estado, el servicio calamitoso para las zonas más pobres y el subsidio excesivo a la energía, el cual acaba beneficiando a las empresas generadoras y distribuidoras que no cumplen cabalmente con su labor. 35. Esta situación a su vez genera inseguridad nocturna en nuestros barrios (en donde vive más de la mitad de la población) y hasta inseguridad en la vivienda de los más pobres, debido a cortocircuitos que son producto de instalaciones muy precarias o también de altos voltajes. d) En la actitud de corrupción pública y privada 36. Otra realidad que quita la paz es la acumulación de riqueza a través de la corrupción. En todas las circunstancias imaginables. La corrupción es fuente de inequidad, pero también de desconfianza. Compromete la capacidad del Estado para responder a necesidades de la población, especialmente de los más pobres. La corrupción permite que el dinero de todos termine en unos pocos bolsillos y se preste nuevamente para favores clientelares. 37. Siempre nos ha preocupado el fenómeno de la mentalidad de corrupción en el campo de la administración, tanto pública como privada. La mayoría de nuestros políticos invierten sumas millonarias en las campañas electorales con el fin de alcanzar puestos públicos donde se manejen fondos del Estado para luego multiplicar su inversión económica. Por su parte, las grandes empresas y negocios apoyan las campañas de los partidos y candidatos que tienen posibilidades de subir a los puestos públicos. Lo hacen con el propósito de que estos a su vez les concedan privilegios tributarios y les favorezcan con la elaboración de leyes que resulten ventajosas para sus empresas y negocios. Así la política es vista más como un negocio que como un servicio al bien común. En este juego sucio de intereses políticos, los únicos perjudicados son los ciudadanos de la clase media y baja que son la mayoría de la población. Con esta mentalidad política, nuestro país, que es riquísimo en recursos naturales, es al mismo tiempo muy pobre en justicia y equidad, con terribles desigualdades sociales y económicas entre los sectores que controlan el poder y la riqueza y los sectores que componen el resto de la población. 38. Quizá se encuentre aquí la causa más decisiva que genera la deslegitimación del Estado y posibilite las prácticas político-partidarias que todos conocemos: es el candidato o el político electo que “hace un favor” de enviar una ambulancia, no el sistema de salud pública; es un “enllave” del Partido de turno quien nos consigue un nombramiento o un puesto en cualquier área de la administración y no la participación en un concurso abierto en el que se demuestre la capacidad. Esto hace que tengamos tantos servidores públicos improductivos. 39. Más que institucionalización para el bien común, el Estado se convierte entonces en fuente de inequidad a través de la corrupción, que se utiliza no sólo para el enriquecimiento personal, sino como una plataforma de financiamiento de la actividad política. De no castigarse ejemplarmente los casos de corrupción en el Estado, no se podrá esperar de la mayoría de la población un uso honesto de los bienes públicos ni una actitud de colaboración en beneficio de la convivencia ciudadana. e) En la deficiencia de nuestro sistema de salud 40. Otros sectores que están necesitados de mayor asignación presupuestaria y de mejor institucionalización son el de la salud y el de la seguridad social, cuyas precariedades afectan directamente a la población más vulnerable. 41. El país sigue contando con uno de los financiamientos públicos de salud más bajos de la región. Por otra parte, muchos acontecimientos recientes revelan la extrema precariedad en la gestión de los servicios públicos de salud del país tanto en la atención primaria como en el sistema hospitalario, agravando la sensación de desprotección en los más pobres. 42. Para complicar el panorama, la población tampoco percibe mejorías en el seguro familiar de salud. Paradójicamente, cuenta con “seguros que no aseguran”. En ese sentido, queda claro que la salud no puede seguir secuestrada por intereses económicos privados que basan su actividad empresarial en el lucro desmedido. Hay que repetir el slogan “La salud no es un negocio” hasta que cale en la conciencia de todos, también en los profesionales de la salud. Invitamos especialmente a los médicos católicos a revisar su política profesional de aceptación de los seguros médicos y a presionar organizadamente a las ARS para que mejoren la cobertura y la puntualidad en los pagos de los servicios. 43. Asociados a la triste realidad de los seguros de salud, deben señalarse los límites estructurales del sistema dominicano de pensiones, organizado bajo el principio neoliberal de la capitalización individual, no bajo la forma de reparto, que es el modelo propio de una política social universalista. 44. En estos años hemos asistido a una acumulación injusta de los rendimientos financieros que sólo benefician a las AFP, en detrimento de las pensiones futuras de los trabajadores. Esta apropiación desproporcionada de los rendimientos financieros por parte de los sectores financieros nacionales hace más precaria la vida de las personas que llegan a la tercera edad. Se proyecta que las pensiones futuras sólo alcanzarán el 38% del salario actual de los trabajadores. Las personas que tenían más de 45 años en el momento en que comenzó el nuevo sistema (año 2003) no cuentan con una protección garantizada para su vejez, compartiendo la suerte de miles de personas que ni siquiera entraron en el sistema debido al desempleo. f ) En el irrespeto a la independencia de los Poderes del Estado 45. Es preocupante la situación de la independencia de los Poderes del Estado, un signo más del déficit de institucionalidad del Estado dominicano en general. La población percibe que todos los poderes del Estado están sujetos a unos cuantos líderes y a un solo partido. Además, cada cuota de poder institucional es utilizada para agendas políticas e ideológicas, en detrimento del reconocimiento automático de los derechos fundamentales. 46. Este modo de accionar se puso de manifiesto de manera preocupante en el proceso de aprobación de la nueva ley del Código Penal, en el mes de diciembre de 2014. El punto nos preocupa no sólo por la manera superficial en que se salió del paso de la problemática del aborto; nuestra posición moral es bien conocida al respecto. Nos preocupa también desde el punto de vista de la paz colectiva el hecho de que la pieza fuera aprobada de manera irregular en la Cámara de Diputados creando mucha desconfianza y desprestigio del Poder Legislativo. La irregularidad acarreó como consecuencia que dicha ley haya sido recurrida en el Tribunal Constitucional, minando aún más la autoridad moral de nuestros legisladores.