Crean centro para tema transgénico

El hecho de que desde 2008 se encuentre engavetado en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre bioseguridad revela la poca importancia que los legisladores le dan al tema de los alimentos transgénicos. La propuesta se fundamenta en los principios de que el Estado tiene la obligación de proteger, preservar y conservar la biodiversidad como patrimonio natural común de todos los dominicanos, asi como garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y adecuado para su desarrollo y bienestar. En ese tenor, la pieza expone que el Estado aplicará el principio precautorio respecto a toda actividad que involucre organismos vivos modifi cados (OVM). Omar Ramírez, quien entonces estuvo a cargo de la coordinación del anteproyecto, y quien era titular de la cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando fue presentada la propuesta ante el órgano legislativo, expone que si bien en el país urge el estudio y la investigación sobre el tema, el primer paso es la prevención: “El principio precautorio. Ahora, una vez se tenga el 100 por ciento de seguridad entonces puede utilizarse, siempre y cuando esté bajo las normas de una legislación nacional. El Estado dominicano tiene que actuar en base a la certeza científi ca. Nosotros tenemos una gran reponsabilidad, que es la de comunicar, la de educar y, sobre todo, la de concienciar”. Asegura que si bien los transgénicos son una realidad en los mayores sistemas agropecuarios del planeta, los países que los están aplicando lo hacen sobre la base del conocimiento científi co y de leyes nacionales. “¿Cuál es el problema de nosotros? Que no tenemos una ley de bioseguridad”. “Debemos tratar de que el país tenga una producción lo más sana posible, mucho más natural, mantener el pool genético de nuestros productos para la alimentación. Ahora, también hay dentro de nuestra dieta elementos y productos que son transgénicos. ¿En dónde hemos fallado? En no darle la información a la gente. En ese proyecto se habla de etiquetado de los productos transgénicos. Eso es fundamental”. La pieza legislativa regulará todas las actividades con cualquier clase de OVM que sean llevadas a cabo en el país por personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como los productos farmacéuticos que empleen OVM y los productos derivados de los OVM en las cuestiones concernientes a su identifi cación y etiquetado. Será competencia del Ministerio de Medio Ambiente hacerla cumplir. Atentado a la genética criolla La encargada del departamento de Recursos Genéticos y de Asuntos de Bioseguridad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marina Hernández, quien también trabajó en la formulación de la pieza legislativa, precisa que “con la introducción de los OVM se puede perder el material genético criollo. Por eso es tan importante tener una Ley de Bioseguridad, porque se podrán aplicar regulaciones cuando se solicite la introducción de semillas transgénicas que van a ser liberadas al medio ambiente y que pueden tener un efecto adverso o negativo para la biodiversidad. La preocupación es la pérdida de nuestro material genético de especies endémicas”. Refi ere que conforme la propuesta de ley –en la que también trabajaron el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf)-, ante la solicitud de introducción de material transgénico, Medio Ambiente deberá solicitar una evaluación de los riesgos a los que se enfrenta el país si se permite su introducción, y determinar cuáles son las especies que tienen parentezco y a las que puede ocasionarles una pérdida. Hernández ha expuesto que los transgénicos actúan y están catalogados como una especie invasora. “Es un organismo que entra a un medio nuevo y busca sobrevivir y puede desplazar a otras especies endémicas. Ese es uno de los daños a la biodiversidad”. Mientras se espera la aprobación de la Ley de Bioseguridad, un conjunto de entidades continúa trabajando en el desarrollo de capacidades y en el fortalecimiento institucional. Fruto de ese esfuerzo se ha creado el Centro de Intercambio de Información sobre la Seguridad de la Biotecnología de República Dominicana (CIISB), para el intercambio de información y experiencia -técnica, científi ca, ambiental y jurídica- referente a la temática. http:// www.bioseguridad.gob.do/ Desde los consumidores Pero la gran interrogante es el impacto que los alimentos transgénicos causan sobre la salud. En lo que el panorama se aclara, y se determina mediante investigaciones concluyentes si los transgénicos son inocuos a la salud humana (o todo lo contrario), la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) está opuesta a la introducción de semillas transgénicas. Alfonsina Cuesta, direc- tora ejecutiva de la entidad, muestra un documento titulado “10 razones que justifi can impedir la entrada de semilla transgénica a la República Dominicana”, publicado en 2008. En el mismo se argumenta que el país produce el 80 por ciento de lo que consume; que no existe un personal técnico capacitado y con experiencia para el manejo de especies transgénicas; que pone en peligro la producción y comercialización orgánica; que privatiza la semilla de los campesinos y saca de circulación las variedades criollas. “La semilla transgénica es altamente cuestionada por los consumidores. De ser introducidas traemos al país la duda y el cuestionamiento para nuestros productos agropecuarios, hasta ahora de gran aceptación universal. Para alcanzar la seguridad alimentaria solo hay que asumir la propuesta de vuelta al campo. Para que sea duradera, el Gobierno debe poner la mirada en la soberanía alimentaria, que plantea una nueva ruralidad”, reza el punto cinco de la publicación. Ante la ausencia de una Ley de Bioseguridad, Fundecom recurre al artículo 74 de la Ley 358-05 o Ley General de Protección a los Derechos de los Consumidores, que manda la aplicación del principio precautorio para proteger a la población de la entrada de alimentos transgénicos no autorizados. “Entendemos que las autoridades de Agricultura y de Medio Ambiente tienen que poner todo su empeño para que no entren las semillas transgénicas… El momento se presta para crear un movimiento fuerte para que la gente tome conciencia del peligro y para que los interesados desistan”, expone Cuesta. Argumenta que el principio precautorio fue asumido por la Unión Europea para reglamentar el uso de los alimentos genéticamente modifi cados, y considera que el país debe asumir este principio para proteger a sus ciudadanos. Advierte que Europa ya ha dado la voz de alerta de que si al país entran semillas transgénicas podría no seguir recibiendo en sus mercados los productos orgánicos que adquiere de RD. (+) LA NORMATIVA DEL ETIQUETADO En julio de 2011, una resolución de la Comisión de Codex Alimentarius, de las Naciones Unidas, emitió en Ginebra una norma que dispone que los países pueden exigir el etiquetado de los productos que contengan organismos modificados genéticamente, con la finalidad de que los consumidores reciban información al respecto y puedan decidir acerca del tipo de alimentos que adquieren. Esa comisión fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados. Las materias principales de ese programa son la protección de la salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La disposición de julio ha sido considerada como un triunfo del movimiento de consumidores a nivel global. Consumers International ha formado parte del movimiento que venía reclamando por más de dos décadas el etiquetado de los productos transgénicos, a lo que se oponían empresas como Monsanto, Pioneer Dupont, Dow y Bayer, entre otras. Se ha destacado que con esa resolución, cualquier país que etiquete los transgénicos ya no enfrentará la amenaza de una demanda legal de la Organización Mundial del Comercio (OMC), debido a que las medidas nacionales adoptadas sobre la base de orientaciones y normas del Codex no pueden ser impugnadas como barreras al comercio. La Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, China, Canadá, Perú y otros países han optado por normar a nivel nacional la importación y etiquetado de los alimentos transgénicos como medida para resguardar la salud de sus poblaciones, protegiendo así el derecho de los consumidores a estar informados y a escoger lo que consumen. En el país existe un Comité Nacional del Codex Alimentarius, que tiene como objetivos asesorar al Gobierno en la elaboración y adopción de normas alimentarias y dar seguimiento a los acuerdos del Codex en el plano internacional.