Se oponen al cobro de bienes del cabildo

El debate sobre el contrato firmado por el Ayuntamiento de Santiago y una empresa privada para el manejo de los inmuebles del municipio, sigue acaparando la atención de diferentes sectores locales, mientras un grupo de 14 regidores de los distintos partidos con incidencia en el cabildo decidieron conformar un bloque que se opone a ese convenio.En tanto, ayer los principales ejecutivos de la empresa MP Inmobiliaria, beneficiaria del contrato, defendieron la transparencia del acuerdo, porque ello permite identificar los bienes del cabildo y tener un control de los mismos. El bloque está integrado por 14 ediles de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano, Acción Liberal (PAL), de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y otras organizaciones políticas que apoyaron y lograron el triunfo del alcalde Gilberto Serulle. José Díaz, Amarilis Baret, Mélido Guzmán, quienes fungieron como voceros de los ediles que se oponen al contrato, dijeron que han decidido enfrentar las pretensiones de otorgar el cobro de arbitrios a una empresa privada por considerarlo ilegal. Los regidores declararon que someterán una instancia ante el Consejo Edilicio, otra impugnación del contrato ante los tribunales del país y una revisión que dé marcha atrás a la decisión por entender que afecta los intereses de la municipalidad. El departamento jurídico del PAL informó a través del regidor Domingo Ureña que recurrirá ante los tribunales la aprobación del contrato, porque ninguna empresa privada puede asumir el rol del cobro de los arbitrios municipales. El vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias de la zona sur de Santiago, José Alberto Peña, dijo que no tiene a mano el contrato, pero estimó que el mismo es anticonstitucional, porque el Ayuntamiento no puede delegar sus funciones a una empresa privada. DEFIENDEN CONTRATOEl presidente de la empresa NP Inmobiliaria, Nicasio Pérez Zapata, defendió la transparencia del contrato que firmó con el Ayuntamiento de Santiago, porque ello permitirá tener un control de los bienes municipales, vender sus propiedades y que los ocupantes puedan disfrutar de un derecho pleno del inmueble. Pérez Zapata, en rueda de prensa ayer en compañía de otros ejecutivos de la empresa, destacó la legalidad del contrato, y señaló que contó con el apoyo de la mayoría de los regidores. Explicó que ello permitirá regularizar su situación para una mejor seguridad jurídica sobre el terreno que ocupan y si desean puedan apropiarlos y en el futuro cumplir con el anhelo de tener casa propia.