El “modelo” y las confusiones semánticas

En el marco de la economía política, un modelo puede ser definido como el marco institucional imperante para la toma de decisiones de las empresas y los consumidores en la economía y su interrelación con el Estado. Este marco institucional, que está llamado a ser homogéneo y transparente, delimita el conjunto de normas que inciden en todos los procesos sociales y de producción. Cualquiera de los modelos que pueden encontrarse en la literatura económica parte de esta premisa fundamental. El objetivo principal de cualquier modelo económico es lograr tasas de crecimiento altas y sostenibles en el tiempo. Crecer es fundamental para generar empleos, elevar el ingreso nacional y reducir la pobreza. Sin crecimiento, el Estado tendría una capacidad limitada para destinar fondos públicos para gasto social e inversión en infraestructura. Del mismo modo, sin crecimiento, los esfuerzos de redistribución de la riqueza implicarían beneficiar determinados grupos en detrimento de otros, generando incentivos perversos para el desarrollo sostenido. Entiendo que en los últimos 50 años, lo más parecido a un “cambio” en el modelo económico dominicano serían la aplicación de dos grupos de reformas estructurales que introdujeron importantes modificaciones al marco institucional vigente en el momento, que, si se analizan con detenimiento podrían ser considerados como cambios en la estrategia de crecimiento. El primer cambio se inició con la promulgación de la Ley 299 de Protección e Incentivo Industrial de 1968 y otras legislaciones conexas, que profundizaron el proceso de sustitución de importaciones iniciado desde finales de la Era de Trujillo. Esta estrategia de “desarrollo hacia adentro”, aplicada por muchas economías de la región impulsadas por el pensamiento estructuralista de la CEPAL, consolidó el crecimiento de la industria nacional, que fue complementado por un fuerte incremento de la inversión pública y un importante influjo de capitales hacia el sector minero. Luego del intento del gobierno de don Antonio Guzmán, de propiciar un cambio de estrategia que priorizara el sector agropecuario, mejorara la distribución del ingreso, e incentivara el empleo productivo, fue hasta principios de los 90 que la economía dominicana experimentó un segundo cambio de estrategia de crecimiento. Las reformas arancelaria, tributaria y laboral, así como las nuevas leyes de zonas francas e inversión extranjera entre 1990 y 1995, cambiaron la orientación de la economía dominicana “hacia fuera”. Esto permitió relanzar la economía luego de los devastadores efectos de la crisis de 1990, posicionado la estructura productiva nacional para sacar mayor provecho del irreversible proceso de globalización económica en marcha. Este “modelo”, todavía vigente en el país, ha sido exitoso en materia de crecimiento, generación de empleos y reducción de la pobreza. Según informaciones del Banco Central, para el periodo 1991-2010 el crecimiento promedio anual ha sido 6%, uno de los más altos de América Latina. Esto le ha permitido al país más que duplicar su PIB en dicho período. Incluso después de la crisis de 2003- 2004, este modelo, que hoy es criticado con vehemencia, permitió que la economía dominicana se recuperase rápidamente logrando un crecimiento promedio de 7.5% entre 2005 y 2010. De hecho, desde 2005 a la fecha, se ha verificado una disminución de la pobreza en 10.2 puntos porcentuales y una mejora de la desigualdad del ingreso, según informaciones suministradas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, todo esto en un ambiente de estabilidad macroeconómica. Según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, entre abril 2004 y octubre 2010 el actual modelo económico logró generar más de 580,000 nuevos empleos netos en el país, reflejado en la disminución de la tasa de desocupación ampliada de 19.7% en octubre 2004 a 14.1% en octubre de 2010. Confirmación Creo, que si lo que se requiere de un modelo económico es crecimiento, generación de empleos y reducción de la pobreza, las estadísticas oficiales confirman que al modelo actual no le ha ido mal. Ahora bien, si queremos que esos empleos se generen en el sector formal, que las remuneraciones de los trabajadores sean más altas, que la pobreza se reduzca aun más y que mejore sustancialmente la distribución del ingreso en el país, el problema no es el modelo, son las políticas públicas. Por esta razón, el gobernador del Banco Central, Lic. Héctor Valdez Albizu, afirmó acertadamente en su discurso del 31 de marzo en Santiago que “el modelo económico dominicano no está agotado, no es excluyente y no necesita ser sustituido. Lo que se requiere en el país es impulsar y ejecutar acciones para reorientar, ampliar, diversificar y mejorar el modelo económico existente.” Entiendo que el actual debate sobre el modelo económico dominicano está fundamentado en malentendidos semánticos, pues la discusión no debe ser sobre el modelo sino sobre las estrategias de crecimiento, ¿o es que pensamos seguirle los pasos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua? En estos países sí se podría decir que hubo un cambio de modelo, ya que el Estado ha venido sustituyendo sistemáticamente al sector privado en un amplio espectro de actividades productivas, a la vez que ha intensificado su rol redistributivo. Ciertamente, esto se ha traducido en la mejoría de algunos indicadores sociales, pero la estabilidad macroeconómica se ha deteriorado, con menores flujos de inversión extranjera y un clima de negocios menos propicio para la actividad empresarial. En República Dominicana, el gran reto que tiene el Estado de cara al futuro es mejorar la calidad del gasto y lograr políticas públicas más eficientes dirigidas a erradicar la pobreza, reducir la informalidad, incrementar el salario real y mejorar sustancialmente la distribución del ingreso. Debemos reconocer que este ha sido un aspecto descuidado en el país por décadas. Para lograr esto, es necesaria una mejora sustancial en la calidad de la educación dominicana, que indudablemente constituye una retranca para cualquier plan de desarrollo. Pobreza Es lamentable que muchos de los economistas que han participado en este debate han utilizado el tema como “pie de amigo” para atacar la actual gestión gubernamental y minimizar los logros alcanzados. Ese derecho les asiste y sé que posiblemente les sobran motivos para pensar de esa manera. Sin embargo, no podemos obviar que muchas de las políticas macroeconómicas aplicadas en el contexto del modelo actual han contribuido a revertir, en gran medida, el drástico aumento de la pobreza que se verificó como consecuencia de la crisis bancaria, además de que han contribuido a que el país pudiera sortear con éxito la crisis internacional sin perder la estabilidad macroeconómica, para lo cual las medidas adoptadas por las autoridades monetarias han sido fundamentales. Políticas públicas Como sociedad debemos estar conscientes de que si nos planteamos reorientar el modelo actual para enfatizar la inversión social, se requerirá de una reforma fiscal integral que involucre una mejora sustancial de la calidad del gasto público y genere los ingresos tributarios necesarios para que el Estado atienda eficazmente las necesidades de la población. Si por el contrario, el énfasis va dirigido hacia minimizar la intervención estatal, esto implicaría menores incentivos fiscales para el sector privado en una ambiente de mayor competencia interna y externa. Debemos recordar que en Economía “no hay almuerzos gratis”. Creo que con tanto debate sobre el “modelo”, más la Estrategia Nacional de Desarrollo y los informes de Jacques Atalli y El Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, ya tenemos elementos suficientes para comenzar a ejecutar mejores políticas públicas que promuevan una transformación radical a favor de la sociedad dominicana. No esperemos más, que el barco se va quedando vacío.