AVANCES

Dominicano lidera lucha por derechos de los latinos

JOSÉ PEREZ SE GRADUÓ DE ABOGADO EN ST. JOHN'S UNIVERSITY Y DIRIGE UNA DE LAS OFICINAS DE DERECHOS CIVILES MÁS IMPORTANTE DE EEUU, Y LA MÁS INFLUYENTE EN TODO EL ESTE DE LA NACIÓN

Pandillas de racistas juveniles lincharon al ecuatoriano Marcelo Lucero en Patchoge, Long Island, y al mexicano Luis Ramírez en Shenadoha, Pensylvana, hace tres años. Los linchamientos siguieron a una serie de discursos racistas, anti-inmigrantes y antilatinos de políticos derechistas de ambos lugares. En Staten Island y Buffalo atacaron a jóvenes negros, uno es dominicano, porque celebraban la elección de un negro, Barack Obama, como presidente de los Estados Unidos. Mucho antes de que se aprobara la ley anti-inmigrantes de Arizona, en Hazelton, Pennsylvania, aprobaron una ordenanza municipal prohibiendo rentarle viviendas o emplear a indocumentados. “Estamos peleando otra vez por las mismas viejas razones que ayer peleamos”, observa el abogado dominicano José Pérez, actual presidente de la organización Latino Justice-PRLDEF, una de las instituciones de derechos civiles más importantes de la nación. Y la más influyente en la costa Este estadounidense. Para todos los fines prácticos, los inmigrantes, y los latinos en particular, enfrentan hoy exactamente los mismos obstáculos y dificultades que tuvieron otros grupos. “Lo que le pasó en los 60 y los 70 a los puertorriqueños, hoy le pasa a los dominicanos, mexicanos y otros grupos de inmigrantes Latinos”, comentó Pérez. Él lleva 26 años ejerciendo la profesión, ha trabajado como ayudante de fiscal, también en Legal Aid por diez años, que es la principal corporación legal sin fines de lucro del país. De la Oficina del Procurador General Estatal, donde era “Acting Chief” del Buro de Protección del Consumidor contra Fraudes, pasó a Latino Justice, fundada por César Perales, otro abogado neoyorquino, dominico- puertorriqueño. Perales recién se retiró, y Pérez asumió la presidencia interina de la organización, originalmente creada como el “Puerto Rican Legal Defense and Educational Fund” (PRLDEF). Pérez, el hijo de Olga Piña, de San Juan de la Maguana, y del español German Pérez, recuerda que desde niño quiso ser abogado. Y cuando se graduó de la Escuela de Derecho de St. John’s University en 1985, decidió que no trabajaría para ninguna firma privada. “Yo lucho por los que no tienen voz para defenderse o ser escuchados”, explica. Esa brega contra la discrinación en todas sus formas busca garantizar cuestiones fundamentales para todos. Derechos Políticos ?Andrés Sánchez, un inmigrante dominicano, llegó en 1999 y solicitó la ciudadanía en el 2004, antes de tramitar permiso de residencia para su esposa y su hijo. Hizo todo el papeleo, se tomó fotografías, huellas digitales y lo demás, pero su caso se estancó durante cuatro años. Con el paso del tiempo las formas de discriminación, los prejuicios y obstrucciones contra las minorías étnicas evolucionaron. Una enmienda constitucional fue necesaria para garantizar que los negros tuvieran derecho a votar. Hoy no todo el que tiene ese derecho logra votar. En el 2008, había cientos de miles de latinos, como Sánchez, que llevaban varios años esperando completar el trámite de ciudadanía para poder votar. El retraso en procesar la documentación para otorgarles la ciudadanía es una forma de negarles el derecho al voto. Pérez y Latino Justice demandaron al Servicio de Inmigración y Ciudadanía y al FBI por obstruir el proceso de ciudadanía, impidiendo que los latinos ejerzan su derecho al voto. Y una corte ordenó que se acelerara el proceso, asegurando que Sánchez y cientos de miles de inmigrantes pudieran votar en las elecciones del 2008. Ese mismo año, recuerda Pérez, Latino Justice también demandó a la junta de elecciones del condado de Volusia en la Florida, forzándola a imprimir boletas en español para los electores que no supieran inglés. Hoy Pérez pasa más tiempo en un avión que en su oficina. Recorre el país dando conferencias y asesorando organizaciones Latinas sobre el minucioso, complicado y caprichoso proceso de rediseño de los distritos congresuales. Por ley eso debe hacerse después de cada censo, para reflejar los cambios poblacionales en la representación política. Es ahí donde se aglutinan o dividen votos creando los distritos de representación congresual, decidiendo buena parte del control político de la nación en la próxima década. “La lucha es para convertir el crecimiento poblacional latino en una cuota de poder político real, ejerciendo a plenitud todos nuestros derechos civiles y políticos”, explica Pérez. Y mantiene esos litigios de alta política sin descuidar el más antiguo de los pleitos. VICTORIAS A FAVOR DE LOS INMIGRANTES?En Hazelton, un pueblo de Pennsylvania, hubo una agitación anti-inmigrantes que terminó en una ordenanza municipal sin precedentes. Se prohibió rentarle casas o apartamentos a indocumentados, obligando a los dueños de inmuebles a revisar el estatus migratorio de todo posible inquilino. Eso sembró una intranquilidad general entre los latinos del pueblo y lugares aledaños. Esa ola anti-inmigrantes terminó con una pandilla racista linchando a Luis Ramírez en Shenadoha, varias millas al oeste de Hazelton. Al linchamiento le siguió un tortuoso proceso legal. La pandilla no fue acusada de homicidio, y recibieron una condena correccional. La división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal, arrestó al jefe de la policía, amante de la madre de uno de los pandilleros, acusado de manipular el expediente en favor de los acusados. La pandilla será juzgada nuevamente por homicidio agravado y crimen de odio. La constitucionalidad de la ordenanza municipal de Hazelton fue cuestionada en una corte y de nuevo Pérez y Latino Justice, a instancias de una pareja dominico-boricua del pueblo, se envolvieron en el proceso. La ordenanza fue declarada inconstitucional en el tribunal de primer grado y la Corte de Apelaciones. Sus autores no están conformes y quieren que la Suprema Corte de los Estados Unidos se pronuncie sobre el caso y el más alto tribunal aún no decide si va a revisarlo. Latino Justice también participa en la demanda contra la ley anti-inmigrante de Arizona. Pérez recuerda que la lucha por los derechos civiles es un proceso constante, como el cuento de nunca acabar. Y habla de lo mucho que disfruta su trabajo. “Representar a los que no tienen voz me causa gran satisfacción, que es la de saber que estás defendiendo a la gente de tu comunidad, al final, todos somos latinos”, puntualiza.

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