Autoritarismo se aposenta en la vida pública del país 

El autoritarismo parece haberse aposentado en la vida pública dominicana ya que tras casi cincuenta años después del ajusticiamiento del generalísimo Trujillo, se mantiene vigente y es la causa de las numerosas violaciones a los derechos humanos que ocurren a diario y dañan la reputación del Gobierno actual. Los gobiernos y gobernantes, a excepción de Juan Bosch, no han podido con el autoritarismo, sino que con frecuencia lo han reforzado. Tras la muerte de Trujillo en 1961, en el régimen de 12 años del doctor Balaguer, que se inició en 1966 y terminó en 1978, fue una réplica blanda en autoritarismo. A ese régimen se le acusó de la comisión de múltiples atropellos a los ciudadanos, de asesinatos, ejecutados generalmente por la policía y otros sectores militares, por paramilitares adictos al régimen y por el mismo Presidente, quien mantuvo a un político opositor en la cárcel contra todo “subterfugio judicial”. Los reporteros de los medios de comunicación durante los doce años documentaron miles de casos de violaciones de los derechos humanos. Al guardia y al policía, como también al funcionario público, se le dieron derechos para disponer de la vida de la gente y de los empleos. Con la llegada del PRD y la asunción de don Antonio Guzmán al poder en 1978, muchos de los pujos autoritarios que prevalecían fueron eliminados, pero de todas formas fue imposible yugular una maquinaria policial represiva que tenía raíces muy profundas. Visto en retrospectiva, al PRD le faltó coraje para poner en vigencia muchos de los planteamientos democráticos que predicaba, para cambiar leyes anacrónicas que venían de la era de Trujillo y colocar el poder civil en predominio sobre los estamentos militares y policiales. Así las cosas, parecía que los civiles eran vistos por encima del hombro por los militares y policías, como gente de segunda clase, que sus derechos eran irrespetados, que tenían que pedir permiso para reunirse en grupos y se desbandaron los sindicatos con el visto bueno, a veces disimulado, del empresariado. Un general del Ejército, ahora retirado, me dijo en mis días de reportero de Última Hora, que no podíamos ser amigos hasta tanto no me quitara la barba. Le respondí que tal cosa no sería posible puesto que mi barba era “ortopédica” recomendada por los dermatólogos de aquí, Estados Unidos y Haití, vigente hasta hoy. El autoritarismo que se vive en la RD es tan grande que no solamente los policías y militares prepotentes miran a los civiles por encima del hombro, como si en las academias y escuelas castrenses no se explicara el valor de civilización de los derechos humanos, sino que hasta los guachimanes pujan para imponer su “autoridad” a los condóminos dueños en los residenciales donde cuidan. Autoritarismo generalEl autoritarismo ahora es general pese a que se podría decir que el menos autoritario es el presidente Fernández. Por debajo de él, la Policía es autoritaria al extremo, busca el poco digno sitial de una de las policías más represivas y corruptas del mundo, sin que al parecer se pueda hacer algo. Es extraño que más de 30,000 miembros de esa institución son embarrados por las tropelías que comete una minoría, por la ignorancia y la brutalidad de sus decisiones que no son comprendidas claramente por el público a la luz de la civilización y del proceder en gran parte del mundo. Mientras la ciudad de Nueva York, donde reside cerca de un millón de dominicanos ha sido rescatada del crimen y del bandidaje y hoy se la considera como la ciudad más segura de EU, Santo Domingo va por mal camino, gracias en parte al autoritarismo. No otra cosa sino el autoritarismo fue lo que permitió que hace días un general de la Policía interrumpiera la marcha de la caravana que conducía al vicepresidente Alburquerque, lo que puso en riesgo la vida del hombre público. No hubo sanciones. El autoritarismo hace que los funcionarios despidan de sus puestos a los empleados y a los funcionarios menores sin razones valederas, les niegan sus prestaciones y muchas veces ignoran las reglamentaciones que le imponen a varios departamentos la carrera administrativa. Cuando el doctor Balaguer concluyó su largo mandato de 22 años, interrumpido por los 8 años de gobiernos perredeístas, mostró arrepentimiento por las acciones de intolerancia de su régimen y particularmente por el enjuiciamiento de que fuera objeto, con su pleno apoyo, el ex presidente Jorge Blanco. El senador Robert Byrd, de Virginia Occidental, en EU, quien falleció ayer lunes por la mañana, siempre arrastró en su larga carrera de 57 años en el Congreso de su país, el fardo de haber pertenecido al Ku Klux Klan y haber maniobrado para retrasar en las cámaras la ley que garantizaba los derechos civiles. Un completo reaccionario en los primeros años de su ejercicio, el senador Byrd se arrepintió de los hechos y durante la mayor parte de su ejercicio como diputado y senador, se asoció a causas liberales en el Congreso y a las propuestas del senador Edward Kennedy, ya fallecido, y alentó el progreso de su atrasado estado de West Virginia. No hay que dudar que al término de su dilatado ejercicio en el poder, el presidente Fernández al enjuiciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen bajo su régimen, no obstante su filiación democrática y la de su partido y la falla en frenar esos hechos mediante el cambio de la mentalidad sobre todo de la Policía, tenga que reconocer esas dobleces y la falta de acción. Violaciones a granelLas violaciones a los derechos humanos se están produciendo a granel en la RD, no solamente por parte de elementos uniformados sino también de la sociedad civil, muchas veces alentados los crímenes por el microtráfico, el narcotráfico, el sicariato y las vendettas. El armamentismo alienta la violencia. El ministerio de Interior y Policía se ha convertido en una agencia recaudadora por el porte y tenencia de armas, que durante el régimen del presidente Mejía llegó al extremo de autorizar los permisos desde el consulado dominicano en Nueva York. El asesinato por parte de una pareja de policías el domingo pasado del joven Abraham Ramos Morel, de 23 años, estudiante de término de Derecho de la UASD mientras departía con su padre y amigos, ha causado una enorme conmoción en el país por el hecho mismo, pero también porque los ciudadanos se ven en ese espejo. La investigación que ha ordenado el jefe de la Policía, mayor general Guzmán Fermín, parecería lo habitual en tales casos, pero la fragilidad del sistema judicial dominicano es tal que la gente no cree que pueda hacerse justicia, aparte de que no se repondrá la vida del joven Ramos Morel ni su familia será indemnizada. La indignación que sobrecoge el ánimo de los ciudadanos se repetirá cuando un hecho similar, no podría ser peor, ocurra en el futuro. Mientras tanto, la gente anda en uñitas, evita encontrarse en el camino de los policías que merodean sobre todo por los barrios populares y que, aunque no tengan orden para hacerlo, creen que tienen autoridad para matar.