Proponen medidas drásticas e inmediatas contra el sicariato

La presencia de sicarios actuando en el país en una serie de crímenes por ajustes de cuentas ha causado gran preocupación entre distintas personalidades. Alarmados por ese fenómeno figuran el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez; el obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Nicanor Peña; el canciller Carlos Morales Troncoso, y el ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero.

Hacer el bienEl Cardenal descartó que la sociedad dominicana esté envuelta en el sicariato, tras entender, por el contrario, que es víctima de ese mal.

Dijo que en el país hay un grupito de personas bien pagadas que está practicando el sicariato y señaló que lo que debe hacer la sociedad es llevar la Palabra de Dios a todas las comunidades.

López Rodríguez fue entrevistado al participar como yuno- conferencia organizado por la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la Asociación Dominicana de Voluntarias de Hospitales y Servicios de Salud (Adovohs), en el que disertó sobre el tema “El sentido cristiano del sufrimiento humano”.

El arzobispo de Santo Domingo expresó que la sociedad lo que debe hacer es predicar la Palabra de Dios, y precisó que la iglesia está inmersa en ese proceso de orientar sobre la religión a las comunidades, para ayudarlas a contrarrestar los males sociales.

Medidas enérgicasMonseñor Nicanor Peña, obispo de la diócesis La Altagracia, reclamó que las autoridades tomen medidas más enérgicas para prevenir y combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

“Es urgente que se tomen previsiones contra este mal que crea graves distorsiones morales y delictivas en nuestro país”, afirmó el obispo, quien sugirió que se aprueben legislaciones para evitar que elementos de organismos oficiales apoyen o participen en narcotráfico.

Dijo que el gobierno tiene la obligación de vigilar a sus funcionarios, y que los organismos policiales y militares deben dar seguimiento a las actividades dudosas sus miembros.

El obispo añadió que la sociedad debe contribuir apoyando las familias a sus hijos, respetando la moral y las buenas costumbres, a los medios de comunicación, y aportando para el rescate de los jóvenes que caen en el vicio y el delito.

Tema preocupanteDe su lado, el canciller Carlos Morales Troncoso dijo en Santiago que el tema del sicariato en el país mueve a mucha preocupación en la sociedad y estimó que las personas que se dedican a esa práctica deben ser penalizadas severamente por las leyes dominicanas.

En ese contexto, el también presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) denominó un crimen el atentado cometido por sicarios en contra del abogado y comentarista de televisión Jordy Veras, hijo del reconocido jurista santiaguense Ramón Antonio Veras.

Sin embargo, el ex vicepresidente cifró sus esperanzas en que los organismos de seguridad e investigativos del Estado den con los autores materiales e intelectuales de este hecho que ha sido repudiado por la sociedad.

El funcionario y dirigente político entiende que para la tranquilidad de la sociedad, ese hecho debe ser aclarado.

Veras fue impactado de dos balazos en la cara mientras llegaba al canal 25 de Santiago, donde tiene un programa, por dos sujetos que abordaban una motocicleta.

Debido a los balazos que sufrió, perdió la visión en un ojo. El secretario de Relaciones Exteriores y presidente del PRSC encabezó junto al alcalde José Enrique Sued, un encuentro con militantes y dirigentes de esa organización.

Mayores sancionesEn tanto que el ex fiscal José Manuel Hernández Peguero propuso el aumento a 50 años de prisión de la pena a imponer a los sicarios y excluirlos del beneficio de la libertad condicional, como medida destinada a combatir esta modalidad del crimen organizado.

Dijo que “el país está obligado a adoptar medidas apropiadas que desmotiven a los criminales a matar por encargo y paga, y les hagan saber que cometen delitos especiales que implicarán sanciones distintas a las demás”.

Hernández Peguero manifestó que la modernidad implica más facilidades para que el delincuente evada la persecución judicial, por la cual una nueva ley que defina la delincuencia organizada deberá extender los plazos de la prisión preventiva e investigación para lograr la sanción de los sicarios.