“Las juezas cometieron imprudencias”

SANTO DOMINGO.- El primer vicepresidente de la Suprema Corte de justicia (SCJ) calificó ayer como una imprudencia la decisión de las juezas de San Cristóbal y Puerto Plata, quienes por separado dispusieron la libertad de varias personas, incluyendo 31 ex policías que fueron cancelados por la Policía Nacional, por supuestamente proteger a narcotraficantes. Rafael Luciano Pichardo consideró que hay una falta de cuidado de algunos jueces, quienes, según estimó, comenten imprudencias y quieren darle cumplimiento a la ley de manera estricta. “Yo creo que así no se puede, porque hay casos que deben ser llevados de otra manera”, expresó, tras señalar que una pequeña violación a una disposición procesal no puede dar lugar a que elementos como éstos salgan en libertad. La jueza de la Instrucción de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno, dispuso la libertad de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, sobrino del ex capitán Quirino Paulino Casillo, acusado de asesinar a un ciudadano español. Mientras, Rosa Francia Liriano, jueza de la Cámara Penal de Puerto Plata, dejó en libertad a 31 ex miembros de la Policía Nacional, incluyendo oficiales, acusados por esa institución de proteger a los narcotraficantes en esa provincia. Luciano Pichardo exhortó a los jueces del país a ser prudentes y a pensar más en la sociedad que en los delincuentes, ya que, a su entender “la sociedad debe estar por encima de todo”. Informó que la Suprema Corte de Justicia investiga a varios jueces en todo el país por denuncias de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Expresó que el organismo siempre está investigando a nivel nacional y cuando hay denuncias serias y con algunos elementos de pruebas, son juzgados disciplinariamente, lo que da lugar a una destitución. De su lado, el jurista Domingo Porfirio Rojas Nina defendió la honestidad de la jueza de San Cristóbal, Regina Carvajan Vizcaíno, a quien la SCJ ordenó investigar. El comisionado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que hay un “plan orquestado para desacreditar a los jueces, por parte del ministerio público”, tras señalar que el poder judicial y la judicatura son los que mejor desempeñan su labor.