Juzgarán a ex agentes el viernes

PUERTO PLATA.- El juez de la atención permanente del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial Puerto Plata sobreseyó ayer hasta el próximo viernes el conocimiento de las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía en contra de 31 ex miembros de la Policía acusados de tener vínculos con el narcotráfico, asesinatos y otros hechos delictivos.El magistrado Juan Alexis Rodríguez ordenó el sobreseimiento del caso hasta tanto vea, la sentencia Hábeas Corpus que indica que fueron anuladas las órdenes de arresto, mediante las cuales la Fiscalía de Puerto Plata solicitó arrestar personas que estaban presas en la cárcel preventiva del viejo Palacio de Justicia. El juez Rodríguez adoptó la decisión acogiendo el pedimento de los abogados Carlos Balbuena, Erick Ureña y Carlos Reynoso, quienes invocaron la litispendencia que establece el numeral 5 del artículo 54 del Código Procesal Penal como una de las causas que facultan al ministerio público y a las partes oponerse a la prosecución de la acción. Mientras tanto continuarán en libertad los ex agentes policiales favorecidos el sábado pasado por la sentencia de la jueza de la cámara penal, Rosa Francia Liriano, que conoció el recurso de Hábeas Corpus. La lista la integran el ex coronel Frank Félix Almonte Castillo, ex mayor Freddy Guillén Castillo, los ex teniente Pedro Pablo Toribio Alvárez y José Daniel Cepeda Rubio, el ex sargento Rafael Lora, Joaquín Rosario, Jeremías Morales, Addrier Mustafá, Wellington Almonte, David Ortíz y Radhamés del Rosario Quiñones. Además, el ex teniente José Manuel Tobar, Apolinar Antigua, Ramón Vásquez, Julio Cabrera Piantini, José Contreras, Rafael García, el ex sargento de la Marina Luciano Valdez Díaz, Danny Domínguez, José Vargas, Carlos Tobar, Silvio Bencosme Tejada, Diógenes de la Cruz Solano, Cristian Ferrer Hernández, capitán Melvin Velásquez Then, teniente Leonardo Gómez Cuevas y el sargento mayor Víctor Manuel Matos Acosta. Los abogados Balbuena, Ureña y Reynoso explicaron que magistrada Liriano falló a favor de sus patrocinados, porque el ministerio público violó las previsiones contenidas en Constitución de la República, el Código Procesal Penal, el Estatuto del Ministerio Público en relación a los arrestos realizados en contra de los ex agentes del orden público y la Policía Nacional violentó su Ley Orgánica en relación a las investigaciones.