La JCE toma el control de la campaña electoral

SANTO DOMINGO.- Con la publicación ayer de la proclama que oficializó la apertura de la campaña electoral, la Junta Central Electoral (JCE) quedó investida de facultades para hacer admoniciones a los candidatos o agrupaciones políticas que emitan frases o conceptos por cualquier medio de difusión contrario a la decencia, al decoro y a la dignidad de sus adversarios. Previamente, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, dijo que la proclama se emitía con la “amarga posibilidad de una campaña disonante, marcada por la desconsideración moral de los adversarios y que incita a la violencia física. O sobre la frivolidad de un primitivo asistencialismo que sustituye con pan y queso el debate de las ideas”. Consideró que el período electoral debería ser un tiempo de oferta seria y veraz, de contraste de opiniones y una ocasión para discutir acerca de puntos concretos. “Separando la persona del problema y sabiendo distinguir la posición del interés, para que la verdad resplandezca y con su luz despeje el error”, agregó. También advirtió sobre el ruido, la contaminación ecológica, el daño a la naturaleza y a los espacios urbanos que podrían ocasionar las movilizaciones producto del proselitismo político. Recordó a los partidos que los únicos recursos lícitos son aquellos que provienen de la contribución del Estado a través de la JCE. Castaños Guzmán adviritó que “a nadie se le ocurriría en estos tiempos, por ejemplo, recurrir al nefasto recurso de alterar un acta o de cuadrarla a la fuerza con el descuadre de la fuerza bruta”. En este período que concluirá con la proclamación de las autoridades electas, la ley electoral 275-97 le confiere a la JCE atribuciones para disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el proceso electoral, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías y dar facilidades a los ciudadanos aptos para votar. El tribunal electoral también tiene la potestad de dictar reglamentos e instrucciones para asegurar la recta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las leyes.