Modernización del Congreso facilita la labor legislativa

SANTO DOMINGO.- Desde hace dos años los diputados y senadores dominicanos dejaron de usar sus carros como archivos de documentos y el estacionamiento del edificio del Congreso Nacional para recibir sus visitas. Ahora están instalados en 210 modernas oficinas con secretarias, asistentes y la tecnología que requieren para realizar sus funciones legislativas y políticas. Un equipo de abogados, linguistas, ingenieros y profesionales de todas las áreas apoya también el trabajo de elaboración de los proyectos de leyes de los legisladores, dando forma a sus ideas y garantizando que ninguna de sus iniciativas transgreda las normas gramaticales, las leyes ni la Constitución de la República. Las medidas forman parte del proceso de modernización que transita el Congreso, desde abril del año 2001, que va desde transformaciones en la planta física hasta la implementación de un nuevo organigrama de trabajo. Las reformas han permitido la creación de nuevos departamentos y funciones para descentralizar las labores legislativas y administrativas del Congreso Nacional. Julio Muñoz Gil, encargado de desarrollo organizacional del Congreso, destaca las bondades de ese proceso que se inició con una inversión de US$28 millones, 24 de los cuales fueron aportados por el Banco Interamericano (BID), dos por el Gobierno de Taiwán y dos por el Estado dominicano. La edificación fue ampliada y remodelada. Fue construido un nuevo edificio de 12 mil metros cuatrados, duplicando así el área de construcción; se instalaron 10 ascensores adicionales, se cambiaron los pisos y se remodelaron las salas legislativas. En la Cámara de diputados, el sistema de votación manual fue sustituido por otro que posee una pantalla electrónica, donde los diputados votan oprimiendo un botón. Los estudios, que previo a la modernización evidenciaron la necesidad de que los senadores establecieran un contacto más directo con los habitantes de sus provincias para que conocieran sus inquietudes y necesidades, comenzaron a ser aplicados. Como consecuencia, en las 32 provincias fueron instaladas oficinas senatoriales que, además, permitieron descongestionar las instalaciones del Congreso de la gran cantidad de personas que acudían a visitar a los legisladores. Muñoz Gil, un ingeniero industrial que lleva más de 10 años al servicio de la institución, destaca como uno de los aspectos más trascendentales de la descentralización es que evita que todas las decisiones recaigan sobre los presidentes de ambas cámaras legislativas. “En el 2001, cuando estabamos organizando la situación de los organigramas encontramos que al presidente del Senado directamente le reportaban 28 personas, quien tenía que firmar hasta la caja chica y la contratación de un conserje”, recuerda. La creación de dos Secretarías Administrativas permitió crear un “filtro” hacia los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respecto a las decisiones relativas a las áreas de recursos humanos, informática, mantenimiento, finanzas y administración, dando mayor eficiencia y profesionalidad al trabajo. De su lado, la Secretaría General Legislativa fue reestructurada para crear el “trámite legislativo” que vigila todos los pasos de un proyecto de ley, desde su elaboración hasta la aprobación por los congresistas, desde un computador. Otro de los grandes logros, afirma el funcionario, es la informatización y la automatización de las mayorías de las áreas congresionales. Con solo dar un clic los diputados, los senadores y el personal del área pueden ver cuáles proyectos de leyes están en comisiones, los que están en proceso de revisión, cuáles están perimiendo y los que se están discutiendo. LA HISTORIADesde principios de la década del año 90, los congresistas empezaron a hablar de modernización, con la entonces senadora perredeísta Milagros Ortiz Bosch a la cabeza. En esa oportunidad fue creada una comisión bicameral de modernización que “movió cielo y tierra” en busca de recursos para materizar esos planes. En esa oportunidad el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportó un fondo, sin reembolso, para hacer un diagnóstico de la situación del Congreso Nacional en las áreas de informática, comunicaciones, manejo de la información, organización administrativa, área administrativa, infraestructura y equipamiento, para lo cual fueron contratados una serie de expertos. El estudio fue concluido tres años después, en el 1997, pero debido a algunos cambios administrativos, el proceso se retrasó hasta arrancar con éxito en el año 2001, cuando se creó la llamada unidad ejecutora y fue convocado un concurso para contratar el personal que trabajaría en esa ardua tarea. Los primeros frutos se cosecharon en el año 2005, aunque todavía faltan algunos aspectos que completarían la labor de modernización de ese poder estatal.