Ratifican terrenos vendidos son dunas
Baní.- La Procuraduría de Medio Ambiente restó importancia ayer a las declaraciones ofrecidas a LISTÍN DIARIO por los ejecutivos de la empresa Ciramar, quienes afirman que sólo 8 mil de los 35 mil metros del terreno que compraron al ayuntamiento banilejo están en el área protegida de Las Dunas, mientras que los 56,987.83 que arrendaron estarían fuera.Mientras ejecutivos de la empresa Ciramar afirman que esos predios no están dentro del Monumento Natural Dunas de Las Calderas, basados en un informe que ellos tienen, para el procurador adjunto de Medio Ambiente, William Lara Sepúlveda, ese estudio carece de fundamento y no tiene validez ante los tribunales de la República. Lara Sepúlveda explicó a LISTÍN DIARIO que la única institución que reglamenta y autoriza el manejo de ese recurso es la Secretaría de Medio Ambiente, “y ya ésta ha señalado, con sus mapas y todo tipo de documentación pertinente, que esos terrenos están dentro áreas protegidas”.Ciramar puede alegar que esos terrenos no están dentro del área protegida, expresó el magistrado Lara Sepúlveda, quien argumentó que la institución de la cual ellos tienen que recibir documentación y certificaciones para hacerlas valer en los tribunales es la Subsecretaría de Áreas Protegidas de Medio Ambiente.La empresa naviera Ciramar alega que realizó un informe utilizando los más recientes mapas cartográficos, fotos áreas georeferenciadas y equipos de GPS de alta precisión para la ubicación exacta del monumento natural. Expresa que el informe que tienen como base es el de Medio Ambiente.Ratificó que llevarán a los tribunales a los implicados en la venta y arrendamiento de esos terrenos de Las Dunas, y explicó que esos expedientes están en la fase de investigación y documentación. Precisó que ya han interrogado a todos los regidores, al síndico de Baní Nelson Camilo Landestoy, a ejecutivos de la empresa con la que se negociaron esos terrenos y a otras personas involucradas en la operación.“Este caso está siendo manejado con toda la delicadeza posible, se están tomando el tiempo pertinente, dijo . Precisó que tratan de evitar que la investigación se contamine con algún elemento que pueda dañar el proceso. Afirmó que la ley de 64-00 de Medio Ambiente y la de Áreas Protegidas contempla para ese tipo de violaciones pena que van desde seis días de cárcel hasta 6 meses, y multa de desde medio salario mínimo hasta 10 mil salarios mínimos.
