Ministerio público apela la sentencia de caso Baninter

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República apeló ayer jueves la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la cual condena a 10 años de prisión al ex presidente del Baninter, Ramón Báez Figueroa, y al empresario Luis Álvarez Renta. El recurso fue sometido por los fiscales adjuntos de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Francisco García y Daniel Miranda. La apelación incluye a Vivian Lubrano de Castillo y está firmada por el director de la DPCA, Octavio Líster. La instancia solicita condenar a 20 años de prisión y al pago de una multa de 200 salarios mínimos a Báez Figueroa, contra quien se pide también acoger los cargos de abuso de confianza y lavado de activos. Igual petición formula en el caso de Álvarez Renta. Con respecto a Lubrano de Castillo, la DPCA pide que sea declarada culpable de adulteramiento, abuso de confianza y violación a la Ley Monetaria y Financiera, y que se le impongan 6 años de prisión. Sin embargo, el ministerio público excluyó del expediente a José María Troncoso, quien fue descargado en primera instancia por el Primer Tribunal Colegiado. Este viernes, ese tribunal conocerá la audiencia sobre la culpabilidad de Marco Báez Cocco en el caso Baninter. Ya el consejo de defensa de Báez Figueroa interpuso un recurso de apelación contra la sentencia que lo condena a diez años de prisión y a una indemnización de RD$63,000 millones por el caso Baninter. El recurso de apelación se basa en que la defensa no está de acuerdo con la pena máxima por violación a la Ley Monetaria y Financiera que se le impuso a su cliente. “Fundamentalmente porque la misma sentencia establece que por lo que él ha sido condenado era una práctica sistémica, generalizada en toda la banca nacional”, expresa el recurso de apelación. Argumenta que la decisión de los jueces Antonio Sánchez, presidente del tribunal; Pilar Rufino y Esmirna Méndez establece que el Baninter fue desestabilizado por una ola de rumores que provocó su caída. Afirma que tomando en cuenta estos dos elementos, “es lógico que nosotros entendamos que no debe aplicársele a Báez Figueroa la pena máxima que se le aplicó en la Ley Monetaria y Financiera”. La defensa pide que en apelación se acojan circunstancias atenuantes por los hechos probados en la sentencia, dictada el 21 de octubre pasado.