ONGs marchan hasta Palacio en demanda de que le repongan ayuda gubernamental

SANTO DOMINGO.- Representantes de unas 987 organizaciones no gubernamentales, a las que les fueron eliminadas las ayudas que recibían del gobierno, reclamaron hoy frente al Palacio de Gobierno su reposición en el Presupuesto Nacional. La protesta fue organizada por el Bloque de Organizaciones no Gubernamentales, el Capítulo República Dominicana de la Asociación Mundial de ONGS, la Cadena de Organizaciones Sociales y Comunitarias y la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial. El Grupo encabezado por el reverendo Nelson Luna, tras la protesta pacífica entregó un documento con los reclamos al director de la Oficina Nacional de Planificación, Guarocuya Félix. Entre las demandas figuran el cumplimiento del programa de ejecución presupuestaria y el consiguiente pago de las subvenciones correspondientes al mes de diciembre del 2006, para que las diversas organizaciones puedan cerrar el ejercicio fiscal 2006 y depositar los informes por ante la Cámara de Cuentas. Bajo el lema todos unidos, y portando banderolas, pancartas y banderas, los reclamantes llegaron al Palacio Nacional y se apostaron frente a las oficinas Gubernamentales, donde denunciaron que los casi 900 millones de pesos que el gobierno le quitó a las ONGS se los asignaron a los senadores y diputados para programas sociales. Dijeron que en vez de afectar al Estado, los recursos que destina el gobierno a las ONGS constituyen un ahorro en más de diez mil millones de pesos fruto del trabajo social que realizan. Juan Ramón Larancuent, quien también sirvió de vocero, afirmó que la presencia de representantes de diversas organizaciones sociales, comunitarias, religiosas y recreativas frente a la casa de gobierno pretende reafirmar el compromiso del sector filantrópico con los menos afortunados. Como parte de los recortes en el Presupuesto Nacional, el Gobierno sacó cerca de 900 ONGs del grupo de instituciones benéficas que reciben recursos del Estado. Muchas fueron eliminadas porque no justificaban legalmente la ayuda que le entregaba el gobierno. En el caso de las ONGs que pertenecían a los legisladores fueron eliminadas, pero según los informes a cambio le habría asignado partidas que en algunos casos ascienden a cerca de un millón de pesos al mes por legislador, dependiendo de la cantidad de votos que haya obtenido en las elecciones congresuales y municipales.