Fundación ve negativa BC viola derecho defensa

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, consideró que no entregar la copia del borrador de la auditoría de los bienes liquidados del Banco Intercontinental (Baninter) a Ramón Báez Figueroa es una flagrante violación a sus derechos de defensa y consecuentemente al debido proceso de ley.

La auditoría fue practicada por la firma BDO y Asociados, a instancias del Banco Central, por lo que el consejo de la defensa de Ramón Báez Figueroa sometió al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional un recurso de amparo, que le permita a su defendido tener el derecho al acceso a informaciones claves y a participar en el experticio técnico.

Potentini dijo que con el nuevo Código Procesal Penal terminó la época de los secretos y que en el actual contexto nada debe estar al margen de las partes “y evidentemente que no tener acceso en tiempo hábil a un documento de esa magnitud, que contiene la situación y los bienes del Baninter y no tener acceso a esto que podría constituir un medio de defensa en los argumentos que plantean los abogados de Báez Figueroa, evidentemente que sería una flagrante violación a la legítima defensa”.

Refirió que el Código Procesal Penal, en tal sentido, es garantista de los derechos del imputado en el proceso y debe observarse con el mayor rigor posible todo el precepto constitucional que trae implícito el legítimo derecho de defensa”, dijo el jurista y catedrático universitario.

Potentini afirmó que este es un proceso penal en el que las partes deben tener posibilidad de acceso a los distintos medios de prueba que se planteen e inclusive a plazos razonables de acuerdo a los reparos que puedan hacerse y prevalerse también de esos documentos para esgrimir sus argumentos.

“Entendemos que este debe ser un juicio que tiene que estar al margen de cuestionamientos y para que no haya cuestionamientos tienen que observarse todas las reglas procedimentales”, añadió.

Potentini fue enfático al decir que lo primero que se debe alegar es que del Código Procesal Penal y del sistema penal dominicano ha desaparecido todo lo que es secreto y que la auditoría, como documento importante debe estar en las manos de Báez Figueroa.