Bélgica rechaza la extradición del rapero condenado en España por apología del terrorismo

La justicia belga rechazó este lunes extraditar al rapero español Valtonyc, al considerar que los hechos por los que fue condenado en España, entre ellos apología del terrorismo en sus canciones, no son delito en Bélgica.

"El juez ha decidido que no habrá extradición y ha descartado los tres cargos que se formularon", afirmó uno de sus abogados, Simon Bekaert, a la salida de la vista celebrada en el tribunal de primera instancia de Gante (noreste de Bélgica).

La justicia española emitió en mayo una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el músico, cuyo nombre real es José Miguel Arenas Beltrán, quien se marchó de España para no cumplir una pena de tres años y medio de prisión.

En febrero, el Tribunal Supremo español había confirmado en casación una condena de 2017 contra el rapero de 24 años por enaltecimiento de la banda separatista vasca ETA (2 años), por injurias al rey (1 año) y amenazas (6 meses) en canciones suyas de 2012 y 2013.

Pero la justicia belga rechazó su entrega a España "por falta de doble incriminación", explicó a la prensa otro de sus letrados Gonzalo Boye, para quien el fallo del juez es "muy claro". "Esto es libertad de expresión", agregó.

La fiscalía de Gante recurrió la decisión del juez belga de rechazar la extradición, sobre la que debe pronunciarse ahora un tribunal de apelación, indicó a la AFP el ministerio público.

- 'No se trata de terrorismo' -

La Audiencia Nacional en España lo había condenado en febrero de 2017, al hallar delitos en las letras de sus canciones, con frases como "que tengan miedo como un Guardia Civil en Euskadi" o "el rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello".

Sobre el delito más grave, "el juez ha decidido que no se trata de terrorismo, ni de incitación al terrorismo, por lo que no se trata de un delito según la legislación belga", explicó Bekaert.

Arenas expresó ante la prensa su alegría por la decisión, su tristeza por tener que marcharse a Bélgica "para hallar justicia" y reiteró su intención de llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para sentar precedente.

Esta corte ya condenó a España en marzo por una "injerencia" a la "libertad de expresión", al haber impuesto una pena de cárcel contra dos manifestantes que quemaron en 2007 fotos del entonces rey, Juan Carlos.

A la espera de una eventual decisión de este tribunal con sede en Estrasburgo (noreste de Francia), que puede tomar años, Boye explicó que el joven mallorquín no puede volver a España, donde todavía está vigente la condena.

- El 'santuario' belga -

Su caso no es aislado. Internautas y artistas han sido condenados en España por mensajes considerados como apología del terrorismo en virtud de una legislación antiterrorista, que, para Amnistía Internacional, "restringe la libertad de expresión".

En su informe 'Tuitea... si te atreves' del pasado mes de marzo, esta oenegé estima que existe un "hostigamiento" a una serie de expresiones en internet "desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes".

Bélgica fue el destino también de parte de los miembros del gobierno del expresidente catalán Carles Puigdemont, quienes se marcharon de España tras una fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre.

La justicia española retiró las euroordenes cursadas contra estos, después que Bélgica rechazara la entrega de tres de ellos por defectos de forma y que Alemania aceptara la extradición de Puigdemont, pero no por el delito más grave de rebelión.

El líder independentista, que reside en la localidad belga de Waterloo desde donde busca internacionalizar la causa catalana, celebró la decisión sobre Valtonyc, próximo a él, como una victoria "para la democracia".

El eurodiputado español Esteban González Pons (PP, derecha) lamentó este lunes la decisión de la justicia y abogó por una reforma del sistema de cooperación judicial en la Unión Europea, ya que Bélgica "no puede convertirse en un santuario para aquellos que huyen del sistema judicial español".