Un sistema desarmado

La seguridad ciudadana no debe ser una palabra hueca.

Debe traducirse en sistemas y medidas concretas, especialmente en los espacios donde nuestra sociedad es más vulnerable: las escuelas.

Con alarmante frecuencia, estos recintos se han convertido en escenarios de actos violentos que ponen en peligro la vida de estudiantes y profesores.

El caso más reciente y desgarrador lo vivimos la semana pasada en Santiago Oeste con el asesinato del niño Noelbin Jeremías Cabrera Rivera a manos de un compañero de clases.

Este hecho, por sí solo, debería convocar a una reflexión profunda y a una acción inmediata.

Sin embargo, lo que convierte esta tragedia en un síntoma de una falla estructural aún mayor es la explicación ofrecida por las autoridades.

Pedro Pablo Marte, director de la Regional 8 de Educación, al detallar el contexto, dejó al descubierto una vulnerabilidad inaceptable: reconoció que no hay forma de revisar a los estudiantes a diario porque, para hacerlo, se requiere por ley la presencia de un fiscal.

Esta declaración es la confesión de un sistema desarmado.

El director admitió, además, la existencia de bandas juveniles en el entorno escolar y la falta de control una vez los estudiantes salen del plantel.

Pero la raíz del peligro parece anidar en el hecho de que las autoridades escolares tienen las manos atadas para prevenir, mediante una revisión básica de mochilas al ingresar, que armas u objetos peligrosos entren en las aulas.

Con más de 9,000 planteles en el país, es materialmente imposible que un fiscal esté presente en cada uno cada mañana. ¿Para qué existe, entonces, la Policía Escolar?

Esta vulnerabilidad no puede perpetuarse. El Ministerio de Educación puede, mediante una disposición administrativa otorgar la capacidad y el marco legal a supervisores o personal designado dentro de los planteles para realizar estas revisiones preventivas.

En paralelo, debe acelerarse la instalación de máquinas detectoras de metales, tecnología ya común en infinidad de espacios públicos y privados de alta concurrencia.

La muerte de Noelbin es una tragedia irreparable.

Permitir que la explicación de su muerte sea también la justificación para que otra pueda ocurrir, sería una doble falla moral e institucional.

La seguridad en las escuelas no puede ser rehén de un vacío legal. Exigimos medidas. Ahora.