El derroche fiscal
En un país urgido de recursos para educación, salud y seguridad, resulta un contrasentido sangrar al fisco con multimillonarios bienes exonerados.
Cada vez se hace más difícil justificar estos privilegios fiscales que benefician a distintas entidades y personas, una práctica que lleva muchos años.
Iglesias, embajadas, universidades, ONG , legisladores y particulares, bajo el amparo de leyes y acuerdos desfasados o mal regulados, se han beneficiado de este régimen laxo de concesiones.
Solo las iglesias, entre 2020 y 2024, importaron vehículos por más de 713 millones de pesos sin pagar un solo centavo en impuestos.
Y es llamativo que entre esos vehículos figuren modelos de lujo que nada tienen que ver con funciones pastorales o comunitarias.
El mismo patrón se repite con las exenciones otorgadas a ONG, universidades, personas con discapacidad y el cuerpo diplomático.
El total de recursos no recaudados por estas vías supera con creces los 670 millones de pesos en apenas cuatro años.
Lo más grave: en muchos casos no hay mecanismos efectivos para verificar que los vehículos sean usados con fines sociales reales.
Tampoco se hacen o se divulgan auditorías públicas que certifiquen el cumplimiento de los criterios.
Es evidente que el sistema actual necesita ser reformado.
No para eliminar los beneficios sociales justificados, sino para devolverle credibilidad y equidad al régimen tributario.
El Estado debe establecer límites, condiciones claras y controles rigurosos.
Debe exigir transparencia, auditar el uso de las exoneraciones y sancionar su desvío.
No hay reforma fiscal sostenible si se mantienen zonas de privilegio sin control.
Es hora de revisar estos incentivos y depurarlos con responsabilidad.
La justicia tributaria también empieza por cerrar los portones del derroche fiscal.
