¡A la acción, de inmediato!
En los últimos días, el territorio nacional ha sido azotado por lluvias de tal magnitud que han causado graves daños a la infraestructura vial, la agricultura y miles de viviendas.
El país sigue bajo los efectos de una vaguada, y los pronósticos advierten que seguirán las precipitaciones, aumentando la acumulación de agua en zonas de alto riesgo.
Frente a esta situación, las autoridades tienen la obligación prioritaria de actuar con profesionalismo en las labores de prevención y rescate.
A la ciudadanía, por su parte, le corresponde seguir las orientaciones oficiales y extremar precauciones.
El gobierno debe, asimismo, auxiliar sin demora a los damnificados, garantizando que la ayuda llegue de manera directa y transparente, sin intermediarios que distorsionen su distribución con favoritismos políticos o grupales.
Urge, además, restablecer el tránsito en las vías afectadas por las riadas para facilitar el movimiento de personas, bienes y mercancías, mitigando así el impacto económico.
Una vez superada la emergencia, la recuperación debe incluir el fomento inmediato de siembras de granos, viandas y la producción pecuaria, asegurando mayor disponibilidad de alimentos locales.
Pero no basta con medidas reactivas.
Para evitar que cada temporada de lluvias repita este caos, es imprescindible ejecutar proyectos sólidos de canalización de ríos y construcción de carreteras resilientes.
Un ejemplo crítico es la carretera Jimaní-Neyba, bloqueada una y otra vez por los sedimentos arrastrados desde la sierra.
Este y otros tramos vitales requieren soluciones estructurales definitivas, no meros parches como los aplicados hasta ahora.
Reconocemos las limitaciones presupuestarias del Estado, pero ciertas prioridades —como la protección de vidas y el sustento económico— no admiten excusas.
