Ese globo hay que explotarlo
Este país no está en condiciones de crear una legislación para admitir, con derechos y privilegios que no reciben muchos dominicanos, a los inmigrantes extranjeros que ingresan ilegalmente como “víctimas” de los delitos de trata o tráfico de personas.
En principio, una legislación de ese tipo alentaría, en lugar de sofocar, el perverso negocio de unos cuantos coyotes o militares fronterizos que promueven el tráfico ilícito de inmigrantes, como ocurre con “La vuelta por México”.
Y si el Estado no fue capaz de cumplir con la Ley 169-14 de naturalización y “regularización“ del estatus migratorio de extranjeros que vivían y trabajaban aquí antes del 2013, es dudoso que pueda asumir el esquema de refugio que crearía el proyecto que ahora se discute en el Senado.
Si tampoco el Estado ha hecho cumplir la normativa del Código de Trabajo que dispone que el 80 por ciento de la empleomanía de una empresa debe estar integrada por dominicanos, casi imposible le resultaría promover la inserción de los inmigrantes acogidos en labores remuneradas, lo que no hace con los dominicanos desempleados.
El sometimiento de este proyecto al Congreso podría verse como un globo de ensayo para medir el grado de aprobación o rechazo de la población, justo en el momento en que la crisis de Haití es vista y calificada por el gobierno como una seria amenaza a la seguridad nacional.
Siendo así las cosas, a nadie escapa la intrínseca peligrosidad que encierra la apertura de una puerta legal para que haitianos, principalmente, alegando que huyen a la hambruna, la violencia o la inseguridad, entren en masa para acogerse a las múltiples bondades del asilo, con “todo incluido”.
También la mayoría intuye que este proyecto es un traje a la medida, sin disimulos, a las presiones que recibe el país de la comunidad internacional para que seamos parte de la “solución” a la crisis de Haití, desfogando refugiados aquí y no en sus propios territorios.
Por cierto, en ninguno de ellos se han abierto campamentos o centros de atención a las víctimas de trata de personas que pujan por ingresar desde distintas latitudes del mundo, garantizándoles derecho al trabajo, la seguridad social, asistencia médica, protección a su integridad física y emocional y, finalmente, la condición de residentes o naturalizados.