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Un año convulso en América

La pandemia del Covid y las secuelas de una economía con sus espirales inflacionarias agravadas por la guerra ruso-ucraniana, han desestabilizado espectacularmente a toda América Latina en 2022.

Protestas populares, disturbios, olas delincuenciales y migratorias, desempleo e inquietantes niveles de hambruna, elecciones conflictivas e inseguridad ciudadana, entre otras causas, matizan esta realidad.

Hay, en su trasfondo, una lucha entre la democracia y la autocracia que se manifiesta en sorprendentes e imprevisibles alineamientos políticos en el orden internacional, en la medida en que el nuevo orden va dando paso a un mundo multipolar.

Haití, El Salvador, Honduras, Jamaica y ahora Perú se enfrentan a un desmesurado aumento de las pandillas delictivas y, en el caso peruano, a un temprano brote de insurgencia tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

Los primeros cuatro países viven bajo estados de excepción, en los que el Estado ha suprimido garantías individuales para poder enfrentar a las bandas de delincuentes usando las fuerzas armadas.

Nuestro país, sin llegar a esos niveles extremos, también está experimentando una crisis en la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, una amenaza a su integridad y soberanía por la masiva migración ilegal haitiana y el propio derrumbe de la gobernabilidad en ese país.

La Cumbre de Las Américas, convocada por Estados Unidos en junio, puso en evidencia las grietas que han desfigurado esta unidad política del continente, y la obvia pérdida de aliados tradicionales de la gran potencia. Los organismos o esquemas integracionistas que plasmaban esa unidad han comenzado a perder fuerza y capacidad mediadora para afrontar esta combinación de elementos desestabilizadores que estremecen hoy el hemisferio.

Mientras los acontecimientos disruptivos han alterado los ciclos políticos naturales de América Latina, dando paso a giros entre la izquierda y la derecha, un panorama de inseguridad energética asoma sobre estos países en los albores de 2023.

A esa inseguridad se agregarán los impactos de una creciente deuda que comprometen los planes de desarrollo y asistencia social de la mayoría de sus gobiernos, más el de la insuficiencia alimentaria que, según los pronósticos, afectará a más de 53 millones de latinoamericanos.

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