Pura ficción

El principio de la “continuidad del Estado” ha resultado ser una pura ficción en el país.

La experiencia ha demostrado que esa premisa solo se aplica según las conveniencias del gobierno de turno, en relación con obras o iniciativas del anterior.

Se hace patente en innumerables infraestructuras en las que, en su momento, se invirtieron significativas sumas de dinero del erario, pero que no pudieron terminarse.

También se manifiesta esta ficción en el olímpico ejercicio de modificar leyes o disposiciones para reputarlas como inútiles o inapropiadas y, en su lugar, aprobar otras que buscan iguales fines, pero con atajos distintos.

He aquí un ejemplo: el cuerpo de leyes complementarias establecidas por la Constitución del 2010 no ha gozado de la validación del principio de la continuidad del Estado.

Lo mismo parece suceder con obras o instituciones públicas que por representar un sello de distinción de gobiernos anteriores se abandonan, se desdibujan, se transforman o se eliminan.

Parece ser que la “continuidad del Estado” solo funcionaría si existiera una compatibilidad ideológica, un sello de identidad partidaria o una razón innegociable que preserve el modelo de gestión que se impone desde el poder.

La lista de infraestructuras, programas y acuerdos discontinuados es amplia.

Es comprensible que, con la evolución de las cosas y las prioridades emergentes en una nación, los gobiernos sucesivos se vean en la impostergable necesidad de impulsar transformaciones decisivas.

Pero la tendencia natural de un nuevo gobierno es imponer su sello propio, aunque sea a costa de borrar el de los anteriores, sin reparar en sus méritos o repercusiones de futuro.