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El negocio de las parturientas

Un grave delito contra los derechos humanos es el de la trata de personas y en el incurren, sistemáticamente, una camarilla de negociantes haitianos llamados “poteas”.

Su fuente más fluida de negocios son las mujeres embarazadas, a las que cobran entre 12,000 y 15,000 pesos para ingresarlas ilegalmente al país, más otra tajada para que las acepten en las maternidades.

Los “poteas” también son especialistas en otros tráficos ilícitos a través de la frontera.

Solo en el 2021, el gobierno dominicano admitió que había gastado 10,000 millones de pesos en asistencia a las parturientas haitianas, sin incluir los gastos médicos ni las cesáreas, para ellas gratuitos.

Para que este lucrativo y perverso negocio se mantenga activo se necesita complicidad interna.

No es verdad que un llamado “poteas”, por sí solo, tenga tanta astucia y magia para que, en tan solo un año, 24,374 haitianas pudieran entrar sin papeles al país y, adicionalmente, parir de gratis en los hospitales públicos.

Esta es una situación abusiva, pues el Estado está sometido a una sangría financiera para la gratuidad a las parturientas haitianas indocumentadas mientras las embarazadas dominicanas, pobres o de escasos recursos, tienen que botar el forro reuniendo dinero para poder dar a luz.

Mientras las parturientas dominicanas sufren estas desatenciones, a las clientas de los “poteas” las favorecen con estas gratuidades.

La comunidad internacional, a la que le gusta meter sus narices en nuestros asuntos internos, lo que aquí le permiten gobiernos sumisos, nunca se ha propuesto edificar maternidades en Haití para romper de cuajo con este negocio que casi roza los linderos de la lesa humanidad.

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