Se pasaron de la raya
Por eso resultó un bodrio el acuerdo de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago y el consulado haitiano en esa ciudad para establecer un mecanismo ilegal de “regularización del trabajador haitiano” en sus empresas asociadas, que incluía la concesión de visados para los futuros obreros que se contratarían.
Es la Cancillería la que tiene la facultad, a través de sus consulados, de manejar los permisos de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, según categorías y tiempo de vigencia, sin que ningún consulado de otro país se inmiscuya en ese proceso.
Y lo que parecía ser la intención de fondo de ese infortunado acuerdo era la de reconocerle al consulado haitiano la capacidad de gestionar la documentación de los ciudadanos de ese país que quieren laborar en el nuestro y, además, intervenir en la obtención de visados por un año.
El que tiene que documentar haitianos es la autoridad del registro civil de ese país. No puede la ACIS ni ningún consulado haitiano aquí involucrarse en ese proceso, de manera unilateral, al margen de la voluntad del gobierno dominicano y de lo que establece la ley migratoria.
Ahí estuvo su grave error. Si el gobierno dominicano necesitare autorizar el ingreso de trabajadores haitianos puede hacerlo de manera directa con el gobierno de Haití.
De hecho, ambos acordaron facilitar el trabajo de identificación de haitianos indocumentados y de crear un carnet fronterizo para autorizar el ingreso temporal de los que poseyesen sus cartas de identidad.
Pero el proceso se dañó cuando tres consulados haitianos aplicaron un cobro de 50 dólares per cápita, fondos que nadie sabe a cuáles manos de la clase política de Haití fueron a parar, convirtiéndolo en un jugoso negocio, más allá del espíritu de cooperación bilateral que animó ese acuerdo.
Al desistir la ACIS de este acuerdo a todas luces ilegal, que sirva el ejemplo para que otras entidades extra gubernamentales no inventen con manipular la Ley de Migración a sus propios intereses, escamoteándole al Estado una de sus funciones esenciales, claves para preservar la soberanía nacional.