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Editorial jueves, 23 de junio de 2022

La comisión consultiva

Es plausible que el presidente Abinader haya creado una comisión consultiva para revisar y actualizar el marco legal que ampara el ejercicio de la libertad de prensa y expresión.

Lo hace en un momento en que, por vía del Congreso, se canalizan proyectos de leyes que meten cuñas peligrosas a esa libertad, desvirtuando la actitud siempre respetuosa que ha mostrado el Presidente hacia estas prerrogativas.

La inclusión de penas de prisión contra los llamados delitos de palabra, contempladas en esos proyectos, va a contracorriente de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional para blindar la libertad de expresión de esas amenazas restrictivas.

Con gran sentido de la oportunidad, el presidente Abinader ha dejado en manos de una comisión de juristas y profesionales de la comunicación el abordaje de una reforma destinada a fortalecer los marcos jurídicos de esta libertad.

Conviene, en este contexto, que sean removidas las piedras que se han colocado en el camino, vale decir, que sean puestos en suspenso de inmediato los proyectos cuestionados por la misma Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los diarios del país y otras voces de la sociedad.

De ese modo, la comisión podrá acometer su tarea de armonizar todas las iniciativas en curso y producir un nuevo instrumento normativo que proteja no solamente los ámbitos de libertad amenazados, sino los sagrados y legítimos derechos al honor, a la intimidad, a la dignidad y moral de las personas, a menudo vapuleados por irresponsables que, escudados en el anonimato, usan las redes sociales para mentir y difamar.