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Editorial lunes, 23 de mayo de 2022

Un insólito abuso de poder

¿Cómo es posible que una institución del Estado seque el cauce de un río en una zona protegida para construir un acueducto, pasándole por encima a la ley?

Esto es lo que acaba de poner al descubierto la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que ha prohibido al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) que continúe los trabajos del acueducto múltiple de Estebanía-Las Charcas, en Azua, iniciado al margen de la ley que protege al Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño.

Lo grave no es que se iniciara la obra en una zona ecológicamente vulnerable, al punto de que el cauce del río Grande resultó afectado, según la Procuraduría, sino que se autorizara y se utilizaran recursos del Estado para incurrir, con conocimiento o no de causa, en un delito ambiental imperdonable.

Más extraño es que las obras ejecutadas para instalar la toma de agua se realizaran a pesar de que se trata de una zona protegida, que se supone está vedada a toda incursión de personal humano y equipos especializados, y que avanzara tanto que hasta el cauce de un río terminará secándose.

El INAPA debe de ofrecer una explicación sobre este conflicto y, más que nada, por qué autorizó la obra en una zona de recursos naturales protegida.

Según la Procuraduría Especializada, varios técnicos de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y expertos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hicieron una inspección de la obra y de los daños causados al río Grande, como testigos con autoridad para certificar este estropicio legal y ambiental, cometido desde una institución del Estado, no por particulares.