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Editorial miércoles, 04 de mayo de 2022

Yeni no puede fallarle al país

Frente a los perceptibles intentos por enmascarar la realidad de las últimas muertes de civiles detenidos en cuarteles policiales, la sociedad debe volcar su mayor apoyo al ministerio público para que este pueda cumplir su misión de descubrir la verdad sin detenerse ante nada.

La decisión de la procuradora general de la República, Miriam German Brito, de encargar a su adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reinoso, la formación de un amplio equipo de investigación de esos episodios, abre esperanzas de que esos procesos llegarán hasta las últimas consecuencias.

Una práctica recurrente, toda la vida, de los organismos represivos del país, ha sido la de torcer hechos para eludir toda la responsabilidad en crímenes brutales, desapariciones misteriosas, aplicación de torturas y otras acciones ilegales, y lamentablemente han encontrado fiscales aliados para armar expedientes defectuosos que se caen en los tribunales o para encubrir a los responsables.

A la llegada de Luis Abinader a la Presidencia de la República con la promesa de respetar la independencia del ministerio público, lo que hasta ahora ha cumplido, la sociedad comenzó a sentir el final de una etapa en que la justicia actuaba como un rehén de los poderes fácticos.

Y con un ministerio público que ni titubea ni se intimida, ni tampoco se presta para tratativas innobles con los que delinquen, no importa el grado de poder que hayan acumulado o que posean en la actualidad, cabe esperar que en los casos de detenidos fallecidos tras golpizas en la Policía, la justicia imponga su rectitud con una investigación impecable.

Yeni Berenice, la magistrada encargada de articular el amplio equipo de fiscales para esta investigación especial, no puede fallarle a la sociedad en el esclarecimiento de esos sucesos horrendos e injustificables, porque eso equivaldría a matar la confianza que toda sociedad civilizada debe tener en la justicia y la Policía, como garantes del orden y de la ley.

La confianza en la Policía cayó a sus niveles más bajos y se tenía la esperanza de que un proceso de reforma profunda, que hasta ahora luce marchar a paso de tortuga, o no se hace palpable, cambiaría esa fatal ecuación. Pero en la medida en que se toleran los excesos de sus miembros y no hay consecuencias, esa confianza ha devenido en miedo y repudio.

Y eso no es lo que debe cosechar un presidente que, hasta ahora, ha demostrado convicciones democráticas y afanes por adecentar el ejercicio de la administración gubernamental, con tolerancia cero a la corrupción y franco respeto al trabajo de un ministerio público independiente.