Los platos rotos, ¿quién los paga?
Pagar los platos rotos que otros rompieron, con errores, impericias o falta de capacidad para ejercer funciones públicas, es uno de los riesgos latentes que afronta cada día un presidente, un ministro o un superior militar, aunque no hayan sido los responsables directos de los yerros.
A menudo, estos yerros socavan la reputación y la calidad de la gobernanza, sobre todo si no se subsanan a tiempo, aplicando las medidas correctivas que procedían, o si a sus responsables, por razones de afecto personal o de compromisos políticos, no se les amonesta o destituye si los yerros han sido graves.
Puede suceder, porque ni el presidente ni sus subalternos son infalibles, que una autoridad ministerial o militar tome decisiones sin medir consecuencias en la imagen o la integridad del plan estratégico del gobierno, o disponga medidas inconsultamente bajo la creencia de que goza de potestad, autonomía y libre albedrío para hacerlo.
Cuando estos errores se tornan recurrentes, permitidos o no corregidos a tiempo, su simple sumatoria se convierte en un factor de medición y aceptación del gobierno, por lo general perjudicial a la primera figura y su historial de gestión, sin que necesariamente la rotura de esos platos haya sido obra suya.
En una de sus memorias, el ex presidente norteamericano Richard Nixon aborda los dilemas que mortifican a un jefe de Estado cuando uno de sus colaboradores ha fallado o se evidencia incompetente para el cargo. Y no vacila en aconsejar su inmediata salida del gobierno, aunque esa decisión le duela en el alma.
Un episodio reciente, como el brutal atropello del Defensor del Pueblo y miembros de la prensa, bastó para que inesperadamente se le pegara una mancha a la limpia hoja de respeto a la libertad de expresión que el presidente Abinader ha asumido como doctrina sagrada.
Con esa misma truculencia, autoridades uniformadas han pasado por alto los esfuerzos de reforma policial y militar en los que el presidente está firmemente empeñado, cometiendo excesos contra la integridad o los derechos de las personas que ponen en entredicho la línea oficial que se les ha bajado.
De la misma manera, los retrasos o incumplimientos de obras o iniciativas presidenciales, por culpa de la indiferencia o poco interés de los responsables de ejecutarlas, también pasan a engrosar la lista de quejas o insatisfacciones que, por igual, afectan la imagen de un gobierno.
Mientras más platos se rompan, sin drásticas sanciones a los culpables, mayor será el costo de pagarlos, a quien sea que le caiga tan indeseable carga.