El afán de ponerle bozales a la prensa
Abundan en América Latina los intentos por acorralar la libertad de expresión con legislaciones que apuntan a tipificar nuevos “delitos” de palabra con el propósito de justificar penalidades, sanciones y restricciones a los medios de prensa.
Algunas de esas legislaciones han tenido la pretensión de ir más allá de los derechos absolutos o relativos que las democracias le reconocen a la prensa para informar de todo cuanto sea del interés de la sociedad, en el marco de la verdad, la objetividad y la comprobación de lo difundido.
En aquellos países donde estas legislaciones rigen o tuvieron vigencia temporal, su efecto inmediato y directo es el de colocar bozales a la prensa para cerrarle accesos a la información o condicionar la naturaleza de sus contenidos.
Está en pie, en el Congreso Nacional, un proyecto de ley ya aprobado en primera lectura por el Senado, que procura penalizar la llamada “intromisión ilegítima” en la vida privada de una persona que afecte su reputación, buen nombre, honor e intimidad.
El respeto hacia estos derechos está consagrado en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con sus ámbitos bien delimitados y la prensa dominicana, en sentido general, ha sido tradicionalmente cumplidora de estos principios jurídicos y morales.
Someter esta normativa a nuevas formas de interpretación, en especial en los casos de personajes públicos o famosos, con la finalidad de forzar el ocultamiento de actos que dichos individuos cometan en perjuicio de intereses particulares o colectivos, puede abrir una caja de Pandora de las que se escapen los fantasmas de la censura y la autocensura.
La Sociedad Dominicana de Diarios y comisiones camerales del Congreso llevan tiempo examinando y consensuando aspectos de una reforma integral a la existente legislación sobre la prensa, por lo que sería saludable que ese trabajo prosiga, sin atajos ni sorpresas inesperadas, hasta su culminación.