La masiva penetración haitiana
Cada vez más ha venido creciendo la participación de haitianos ilegales ocupando puestos de trabajo en el país.
No hay áreas ajenas a este fenómeno.
De las que eran tradicionales, como la industria azucarera, la agricultura y la construcción, han extendido su presencia al transporte público, a las ventas ambulantes, el servicio doméstico, empresas de seguridad, en hoteles y en un sinfín de oficios informales.
A pesar de que existe en el Código de Trabajo una normativa (artículo 135) que fija una cuota del 20 porciento de los empleos de empresas formales para extranjeros legales, esta no se cumple.
Y justamente ese es un desafío que prometió encarar el presidente Luis Abinader cuando proclamó que los empleos, mayormente, deben ser para los dominicanos.
En apoyo a este predicamento legal, la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) ha dado la orden a sus sindicatos, federaciones y empresas que no permitan que haitianos ilegales sean empleados en sus rutas, ni mucho menos que permitan que estos las usufructúen.
CONATRA está ejerciendo un atributo que, en el fondo, debería observar el resto de las empresas formales del país, si verdaderamente queremos restablecer el valor que tienen la ley de migración y el mismo Código de Trabajo para regular el ingreso y permanencia de los extranjeros en nuestro suelo.
Es una medida saludable, pues se han reportado numerosos casos de choferes o motoconchistas haitianos, en su mayoría ilegales, operando rutas del transporte público en vehículos alquilados o comprados sin tener documentos.
Esta masiva presencia de ilegales haitianos está soliviantando el ánimo de muchos dominicanos y entidades de la sociedad, que con frecuencia protestan por las malas conductas o la intervención de dichos inmigrantes en actos delictivos, ante la aparente desidia de las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes.
No podemos permitir que la sociedad llegue hasta el hartazgo frente a este problema y que opte entonces por soluciones drásticas si las autoridades siguen siendo incapaces de lograrlo por la simple vía de la ley y la voluntad de los que tienen el poder.