¿Quién autorizó esa ilegalidad?

La existencia de una “cárcel preventiva” dentro de un destacamento policial en Santo Domingo Oeste, no reconocida como tal dentro del esquema oficial de Prisiones, es a todas luces una estructura ilegal.

No se explica cómo si un juez dispone medidas de coerción contra un acusado, este no sea llevado a la penitenciaria de La Victoria, Najayo o San Luis, sino a la llamada “carcelita” del sector Bella Colina, que forma parte de un destacamento policial.

Si el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, aclara que Prisiones no tiene control de esa cárcel ¿cómo es posible que lleven allí a presos preventivos?

Si también el director nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, se escandalizó con los abusos y las condiciones infrahumanas prevalecientes allí ¿qué razones predominan para que siga funcionando?

Y todavía más: ¿Quién o qué órgano con potestad legal autorizó la operación de ese chiquero en función de cárcel de presos preventivos, en la que ni siquiera existe un alcaide?

Es oportuna la decisión del director de la Policía Nacional de ordenar una exhaustiva investigación sobre las múltiples irregularidades que se perpetran allí, desde contubernios de policías con los privados de libertad hasta un sistema de “peajes” para que algunos salgan a beber y parrandear en las calles.

Frente a una anormalidad tan inadmisible en un momento en que el sistema penitenciario se moderniza, mejora y se promueve más humano, lo que procede es el cierre inmediato de ese chiquero y establecer las responsabilidades de quienes propiciaron esa ilegalidad.