Un bloqueo inaceptable
La acción de impedir que una comisión enviada por el Senado observara cómo se dispone de las cenizas en la operación de la termoeléctrica de Punta Catalina, es injustificable y, por tanto, inaceptable.
Si en este país se respeta la Constitución y lo que de ella se deriva, que es la separación de poderes, no podemos menos que ver en ese bloqueo un acto de interferencia al legítimo derecho que tienen los legisladores de conocer los que les interese sobre ese bien público.
Los senadores son autoridades electas y representan al primer poder del Estado.
Es inconcebible, entonces, que un funcionario designado en una empresa estatal, les cerrara el paso para impedirle a la comisión que cumpla con su deber de velar por la salud y el bienestar de los ciudadanos.
¿Qué razón puede esgrimir la administración de Punta Catalina para bloquear el trabajo del Senado de la República si este es el poder del Estado que aprueba los contratos y empréstitos de esa empresa?
¿Qué debe estar oculto en una empresa estatal construida con dinero que el pueblo paga con sus impuestos, que el Senado no pueda saber?
A los legisladores dominicanos se les critica, frecuentemente, porque no toman iniciativas de ley o no dan la cara por los problemas provinciales.
Pero si se les impiden labores como la de atender denuncias ciudadanas con respaldo de la Iglesia, cabildos y otros sectores sobre las cenizas de Punta Catalina, entonces se les estarían reduciendo sus atribuciones y los derechos de que disponen.
El gobierno, guardián de los principios democráticos y autoridad superior inmediata de la administración de esa planta generadora, debe desautorizar este injustificado e imprudente proceder en perjuicio de la transparencia que predica y defiende el jefe del Estado.