El que no coopera es, entonces, un cómplice
El presidente Luis Abinader alcanzó el poder abrazado a una promesa: luchar contra la corrupción administrativa, tanto la pasada, como la que pudiera incubarse en su propio gobierno.
Para dar carácter a su promesa, una vez instalado en el poder promovió la independencia del ministerio público y hasta ahora, según lo admite la procuradora general, Miriam Germán, no se ha inmiscuido ni directa ni indirectamente en sus actuaciones.
No obstante, resulta preocupante la confesión que nos hiciera la magistrada Germán anteayer, en una visita de cortesía al LISTÍN DIARIO, en el sentido de que hay instituciones oficiales “renuentes” a cooperar con el ministerio público en los actuales procesos de lucha contra la corrupción.
Si es así, quienes actúan de esa forma se están convirtiendo de hecho en cómplices de la corrupción, escamoteando, ocultando o dilatando la entrega de informaciones relevantes.
En pocas palabras, están interfiriendo y entorpeciendo el esfuerzo del ministerio público, desconociendo la voluntad del presidente Abinader de enfrentar este profundo flagelo y, lo más grave, conspirando contra las expectativas de una sociedad que confió en esa promesa.
Tanto el ministerio público como la judicatura, en sentido general, tienen ahora la oportunidad de ganarse la confianza de la población llevando a cabo esa lucha con respeto al debido proceso de modo que los ciudadanos no sientan nunca el temor de denunciar la corrupción, ni mucho menos se presten para encubrirla.