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Editorial viernes, 27 de noviembre de 2020

FASE equivale a estabilidad

El programa FASE 2 debe mantenerse por lo menos hasta los tres primeros meses del año 2021.

Es la única garantía para la estabili­dad social y económica del país en medio de las tribulaciones y desajustes causados por la pande­mia del coronavirus.

Si se suprime en diciembre se reduciría la demanda de bienes y servicios, al dejar sin ingresos a los emplea­dos que se benefician del programa, lo cual, a su vez, bajaría las recaudaciones del gobierno por concepto del ITBIS.

Las empresas verían caer más sus ventas, ya de por sí aminoradas por el efecto de la pandemia al perder los beneficiarios la capacidad de compra, lo cual entra en contradicción con los esfuerzos del gobierno para reactivar la economía de cara al 2021.

Sería una estocada mortal a la pequeña y mediana empresa, principalmente las de servicios, que no solo verían mermados sus ingresos, sino que las empujaría a buscar recursos que no tienen para pagar las presta­ciones laborales de sus colaboradores si quedasen fue­ra de FASE.

Como el flujo de efectivo de estas empresas prácti­camente está en rojo, no les quedaría otra opción que endeudarse con los bancos, siempre y cuando estén en capacidad de hacerlo.

Indudablemente veríamos muchos negocios termi­nar de quebrar, principalmente bares, restaurantes y franquicias internacionales de comida.

Si bien muchos de los hoteles turísticos están abier­tos, mantienen parte del personal en el programa FA­SE a la espera de aumentar la ocupación hotelera. De suspenderse la ayuda, tendrán que desvincular ese personal y pagarles sus prestaciones laborales, lo que también los obligaría a acudir a préstamos bancarios.

Cabe entonces preguntarse ¿de qué habrá valido el sacrificio y apoyo económico del gobierno para relan­zar al turismo si con tan solo suprimir el programa FA­SE se podría derrumbar el sector, mandando un men­saje negativo a los tours operadores turísticos y los turistas en general?

El impacto social de la supresión de FASE en diciem­bre sería catastrófico, dejando sin el único ingreso a las familias acogidas al programa.

Sumándole a esto la situación de estrés que vive la sociedad por la pandemia, podría constituir un caldo de cultivo para estallidos sociales que, bajo las actuales circunstancias, nadie desearía.