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Ya el problema lo tenemos encima

Como cualquier pandemia, la cri­sis de gobernabilidad que mantie­ne a Haití desestabilizado y estan­cado ha perforado la médula ósea de nuestra soberanía, debilitan­do todos los resortes legales que sustentan la protección de su territorio.

Cuando un país, y este es el caso nuestro, no tiene capacidad para controlar efectiva­mente sus límites fronterizos y, encima de es­to, permite que sus leyes de migración y re­sidencia sean letra muerta, el principio de la soberanía nacional queda en entredicho.

En el fondo, esta es la preocupación que precisa y contundentemente expuso ayer el canciller Roberto Álvarez ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al tipificar la crisis política, económica y social haitiana como “una amenaza” contra nuestro país.

Su planteamiento más relevante fue el de que “la buena vecindad entre los dos países no pue­de nunca perjudicar el principio de cumplimien­to estricto de la legalidad dominicana e interna­cional”.

De ese modo el canciller reivindicó el va­lor que tiene el principio de la soberanía te­rritorial dominicana frente a las intrusiones ilegales y nocivas de haitianos y otros ex­tranjeros, y más que nada frente a las siste­máticas presiones que se ejercen para que el país se haga de la vista gorda ante esas vio­laciones.

“No hay ni podrá haber una solución do­minicana a la situación haitiana”, ha sen­tenciado el canciller, reconociendo, sin decirlo tan abiertamente, que estamos ex­puestos a una vulnerabilidad sistémica so­bre los problemas haitianos pendulando so­bre la economía, la salud y la seguridad de nuestro país.

¿Se quedará este pronunciamiento como una denuncia, responsable por demás, o el gobierno dominicano adoptará, en aras del rescate y defensa de su soberanía, acciones o decisiones prácticas para proteger al pueblo de esta amenaza?

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