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EDITORIAL

Sin temor a nada

Uno de los indicios más preocupantes del proceso de descalabro de la institucionalidad es la pérdida del temor al rigor de la ley y de la justicia, patente en la mayoría de los que cometen actos delictivos, viciosos y de corrupción en nuestro país.

Como no hay temor a la autoridad ni a las sanciones, aquí cualquiera le falta el respeto, abofetea, dispara o evade fríamente al policía que lo quiere arrestar. Y resulta que nada le pasa.

En estos días los ladrones se metieron en la casa de un coronel del Ejército en una ciudad del Sur. ¿A quién se le hubiera ocurrido, años atrás, semejante osadía sin sentir nada de miedo? Y ayer, en Jarabacoa, un desorbitado marido hirió a perdigones a su mujer. Esta salió huyendo y fue a buscar auxilio de la Policía.

Cuando regresó a la casa a rescatar a sus hijos en peligro, los agentes que la llevaron en el vehículo patrullero la dejaron sola, mientras ingresaban a la vivienda para prevenir una matanza mayor. No obstante, el agresor los evadió y remató a la mujer dentro del mismo vehículo.

Algo insólito. Nunca visto en el país. Otro indicador de que ya la gente le perdió el miedo a delinquir y a sus consecuencias, porque percibe que la ley no es suficiente disuasivo, ni la autoridad ni la justicia tampoco.

Este comportamiento despreciativo de las normas que regulan la convivencia ciudadana y el apego a los dictados de la ley se ha venido generalizando en el país, sin que parezca lo que realmente es: una ominosa pandemia del irrespeto al orden establecido y al conjunto de las reglas éticas de la sociedad.

Vamos por un mal camino, sin encontrar las fórmulas que permitan restablecer el imperio de la institucionalidad, base sobre la cual descansa la supervivencia y funcionalidad de un Estado.

Cuando desaparece la institucionalidad, ocurre lo mismo que en Haití: pasa a ser un Estado fallido, en el que la autoridad no hace ni puede hacer cumplir las leyes, dejando que la indisciplina, el irrespeto a la ley, el robo de los dineros públicos, los asaltos y los asesinatos, se cometan sin que nada ni nadie los frene.

El tema de la institucionalidad ni siquiera es tópico de alta prioridad en la política dominicana.

Mucho menos en el resto de la ciudadanía, que aunque siente los efectos de la pandemia, no la combate responsablemente.

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