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EDITORIAL

Una América soliviantada

La violencia callejera ha estremecido algunas capitales y regiones de la América Latina en las últimas semanas, poniendo en evidencia el sensitivo estado de ánimo de los ciudadanos frente a inesperados aumentos de precios o tarifas de productos y servicios básicos.

Estos episodios en cadena ilustran la realidad de una América Latina soliviantada no tan solo por las alzas de pasajes, combustibles o impuestos, sino por otras decisiones o acciones que afectan los intereses de la sociedad.

El más extraordinario de esos casos fue el levantamiento pacífico de los puertorriqueños contra su gobernador Ricardo Rosselló y otras figuras de su administración, en cuyas conversaciones por WhatsApp hicieron burlas a los integrantes de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, periodistas y damnificados del ciclón María, todo lo cual generó una repulsa colectiva que terminó sacándolo del mando.

Haití, Ecuador y ahora Chile han sido escenarios de masivas y violentas protestas que han implicado destrucción de bienes, saldos de muertes, desestabilización política y presiones sistemáticas para forzar la renuncia de sus presidentes.

Todas esas protestas tienen un origen común: la subida de los precios de los combustibles y las tarifas del transporte público, en el caso chileno del Metro, y todas han logrado revertir las decisiones de los gobernantes, obligándolos a echar para atrás las disposiciones alcistas.

No obstante, queda latente en esas sociedades el sedimento de las insatisfacciones provocadas por otras situaciones que, sin ser estas conectadas a la causa original, han venido afectando la calidad de vida de esos pueblos, como los desabastecimientos de productos de primera necesidad, desatenciones en la salud y los casos de impunidad frente al crimen de la corrupción.

Estos ejemplos son suficientes para que otros gobiernos pongan sus barbas en remojo, evitando incurrir en sobrecargas de impuestos directos o indirectos o en fuertes ajustes macroeconómicos, solo por cumplir con requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de otros organismos acreedores.

No siempre se pueden imponer estas medicinas restrictivas a los pueblos sin medir sus consecuencias.

Ahí están las praderas encendidas, difíciles de sofocar aunque los gobiernos echasen para atrás.

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