Burlas a las normas carcelarias

En una misma semana, dos casos insólitos pusieron en evidencia el poco respeto hacia las normas de reclusión carcelaria en las que las culpas recaen, mutuamente, sobre los presos y las autoridades de esas prisiones que las prohijaron.

En ambos casos sobresalen los inexplicables privilegios de que disfrutaban los dos reclusos, uno en Monte Cristi y otro en La Vega, para organizar bebentinas y juergas en sus propias celdas, en las que había hasta armas de fuego y no se sabe cuántas cosas más que están prohibidas.

En los dos episodios, denunciados por videos en las redes sociales, la Procuraduría General de la República actuó rápidamente sancionando a los alcaides de esas prisiones, y suprimiendo las condiciones privilegiadas que ostentaban los dos reclusos.

Por lo que puede deducirse razonablemente al observar los videos, los reclusos tenían un nivel de confort en sus celdas que les permitía disfrutar de equipos de música y hasta sistemas de luces multicolores, como si se tratara de una discoteca.

Seguro que esto venía de mucho tiempo atrás y que las autoridades de la prisión no eran ajenas a estos jolgorios, con la agravante de que los privilegiados reclusos podían recibir visitas a horas no autorizadas y, se dijo, hasta salir furtivamente a las calles.

Para nadie es un secreto que este tipo de privilegios se conceden y se permiten pagando “peajes” a los responsables directos de la custodia o el manejo de un penal, y por eso es que son frecuentes los descubrimientos de armas de fuego y de drogas en muchos de ellos.

Recientemente la Procuraduría General de la República hizo un operativo de sorpresa en la cárcel del kilómetro 15 de Azua y decomisó armas y teléfonos celulares, prohibidos por las normas.

Desde esa cárcel, justamente, fue que se coordinó el ataque en el que resultó herido el exjugador del beisbol de Grandes Ligas, David Ortiz.

Tras ese suceso y otros casos en los que se ha comprobado que algunos reclusos activan operaciones ilícitas y crímenes, la Procuraduría General de la República preparó y llevó al Congreso un proyecto de ley que proscribe el uso de aparatos telefónicos en los recintos carcelarios.

Es imperativo, ante tales casos, que las autoridades sean más responsables en el cumplimiento de sus atribuciones.