JCE, una credibilidad puesta en juego

El mayor activo que puede acreditar el trabajo de un tribunal electoral es la credibilidad y la transparencia con que organiza, maneja y procesa los eventos electivos de un país.

Sin ella, es decir, sin el aval de la confianza pública, su trabajo y su responsabilidad quedarían expuestos al entredicho y, por consiguiente, sus veredictos o resoluciones correrían el riesgo de reputarse como no legítimos.

Por eso es tan grande y crucial su papel de árbitro y garante de uno de los más sagrados derechos políticos y constitucionales de los ciudadanos, el de elegir y ser elegidos, bajo los más transparentes mecanismos que la ley establece para ejercer el sufragio.

La credibilidad de la Junta Central Electoral (JCE) dominicana está en juego en estos momentos porque tiene que demostrar que sus protocolos para la elección de las candidaturas de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno se cumplieron al pie de la letra y son inobjetables.

No siempre es fácil y posible que su trabajo resulte satisfactorio a los actores de una competencia electoral, porque en cualquier modalidad de elecciones, sea con sufragio manual o electrónico, se mueven fuerzas que procuran el fraude, la manipulación del voto o de los electores, o la adulteración pura y simple de los cómputos.

En el momento actual han aflorado denuncias de este género. La JCE tiene el imperativo de esclarecerlas y garantizar la legitimidad de sus decisiones, porque de ella dependerá que el nuevo sistema de votación electrónica sea aceptado por el electorado para los comicios de 2020.

Más que el sistema mismo, lo que importa es que la JCE sea un creíble y confiable organismo de validación de la voluntad popular. En manos de sus jueces está la custodia de la democracia dominicana y del más poderoso instrumento de decisión que tienen los ciudadanos para escoger a sus autoridades.

Si esa credibilidad se opaca o se pierde, todos sus actos quedarían deslegitimados y la democracia entraría en trance de muerte.