¡Atajen a esos mafiosos!
Es un secreto a voces que en los tribunales de Trabajo operan redes mafiosas que extorsionan a empleadores, a menudo con la complicidad de jueces, sacando jugosos beneficios de estas viles trapisondas.
Nuestro columnista Ruddy González ha denunciado que muchos empresarios y ciudadanos que emplean trabajadoras domésticas han sido afectados por demandas inducidas, tras de las cuales los jueces han dictado sentencias ordenando pagos millonarios.
Ha habido casos en que empleadas domésticas, sorprendidas hurtando algo y hasta filmadas por cámaras de seguridad, han sido asistidas por abogados inescrupulosos, buscones y alguaciles, para articular litigios en base a demandas millonarias.
El ministro de Trabajo, Winston Santos, consultado por este diario sobre esa denuncia, aclaró que esa institución no tiene nada que ver con estas operaciones mafiosas, ya que los tribunales de Trabajo operan bajo la esfera de la Suprema Corte de Justicia.
En el Ministerio de Trabajo funciona un departamento para orientar y ayudar a los empleados en sus reclamos de pagos de cesantías, liquidación y extras.
Es probable que los buscones olisqueen las cosas por este departamento para identificar a extrabajadores que se encuentran inconformes con sus empleadores para prometerles una asistencia positiva.
Y es ahí donde comienza la estructuración de los procesos de extorsión y pleitos, contando con los aliados que tienen dentro del tribunal de Trabajo.
Como este tipo de quejas son muy frecuentes y abiertamente implican a abogados, jueces y mafiosos que se alían para favorecer actos de grupos especializados en estafas y falsificaciones, principalmente de títulos de propiedad, es imperativo que la Suprema Corte disponga de una profunda investigación al respecto.
En este esfuerzo profiláctico también debe de intervenir el Colegio de Abogados, la asociación de alguaciles y los organismos investigativos para descubrir, desmantelar y sancionar a los que se prestan para estas vulgares extorsiones, que solo ponen en entredicho los principios de justicia “justa” -valga la redundancia- que debe preservar y hacer valer la Suprema Corte de Justicia.