El lucrativo paritorio haitiano
Si fuese por una auténtica razón humanitaria, nada tendría de objetable que a una mujer humilde, urgida de parir una criatura, se le dispensen las atenciones médicas necesarias para que tenga un alumbramiento seguro y feliz.
Pero ese no es el caso de la mayoría de las parturientas haitianas, indocumentadas o no, que copan los servicios de las maternidades y otros hospitales públicos dominicanos, recibiendo asistencia gratuita, un privilegio que no se les otorga a las dominicanas de igual condición de precariedad económica.
Todo parece indicar que el masivo flujo de estas parturientas forma parte de un bien organizado entramado de tráfico de personas, cuyos responsables se lucran con solo asegurar el ingreso ilegal o legal por paga de esas futuras madres a nuestro país.
Al llegar a los hospitales dominicanos, los médicos no preguntan. Ven la condición de necesidad de esas mujeres, las hospitalizan, las examinan y les asisten en el parto, sea o no de alto riesgo.
Por lo regular, estos partos pueden costar, sin son normales, cinco mil pesos, pero si implican riesgos y atenciones en las salas de cuidados intensivos, suben a 8,000 y hasta 30,000 pesos per cápita.
El gobierno dominicano está costeando, año tras año, miles de partos de mujeres haitianas, pero no parece darse cuenta de que se trata de casos de parturientas desesperadas y pobres que no tienen otro lugar ni más remedio que apelar al auxilio humanitario para poder dar a luz.
En los primeros siete meses de este año han parido aquí más de 10,000 haitianas. Este flujo masivo es suficiente evidencia de que existe un corredor o una vía bien pavimentada por los coyotes del negocio de transportar parturientas al país, y se impone tomar en consecuencia las medidas de control que esta situación irregular exige.
A las claras, este es el reflejo de un negocio bastante lucrativo, montado sobre la base de un chantaje que apela a un supuesto estado de discriminación y racismo para debilitar toda voluntad del Estado de poner coto a este paritorio descontrolado, alegando denegación de caridad o solidaridad humanitaria.
Ninguna mujer, documentada o no, puede ir a otro país a dar a luz gratuitamente. Mucho menos hacerlo en grupos, como si se tratase de un turismo de salud para mujeres embarazadas. El nuestro parece ser la excepción a esta regla.