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Que vengan ahora las consecuencias

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha develado una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos que ha operado en el país en los últimos veinte años, cuyas propiedades han sido allanadas y puestas bajo custodia de la autoridad.

El cabecilla de esa poderosa red, identificado como César Emilio Peralta (César El Abusador), con un prontuario de casos de narcotráfico que le valdrían muchos años en prisión, se encuentra prófugo, pero tanto él como otros cuatro miembros de su cartel enfrentan un pedido de extradición de los Estados Unidos.

El que haya podido escaparse de un cerco bien planificado y ejecutado como un golpe de sorpresa con más de 40 allanamientos simultáneos en discotecas, negocios, edificios de apartamentos, es un indiscutible indicador de cuan valiosos apoyos recibe para nadar como pez en las agitadas aguas del crimen organizado, contando con la más generosa y sospechosa protección e impunidad durante muchos años.

Identificado por los Estados Unidos como “El Rey de la cocaína”, capaz de introducir toneladas de droga y cantidades significativas de opioides a ese país, Puerto Rico y Europa, el fugitivo era conocido en los ambientes faranduleros, de los clubes nocturnos y de peloteros famosos de Grandes Ligas.

De seguro que también era amigo y estaba bien conectado con sectores de poder, como suele ser la costumbre de los grandes capos, para asegurarse de traficar drogas y lavar activos, sin mayores tropiezos ni consecuencias legales.

Descubierta y probablemente neutralizada esta maquinaria criminal, lo que resta es que además de los cabecillas, también sean identificados los cómplices que, desde sus puestos de influencia, permitieron la grandeza de ese imperio del bajo mundo en nuestro país.

Un imperio que solo se entroniza a base de violar leyes, sobornar autoridades, hacerlas cómplices, burlar la autoridad judicial, secuestrar y matar y fomentar adicciones, todo ello hiriendo la institucionalidad de un país y envileciendo a muchas gentes llamadas a proteger la sanidad moral y física de los ciudadanos.

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