De la que nos libramos
El Tribunal Constitucional ha pulverizado, en este mismo año, dos extraños engendros legales que amenazaban la libertad de expresión y pretendían inmunizar a los políticos contra las legítimas críticas ciudadanas a sus actos.
Dos iniciativas restrictivas pero al mismo tiempo penalizantes, que contrariaban así toda la tendencia internacional hacia la descriminalización de los llamados delitos de prensa, aparecieron casi al mismo tiempo en igual contexto.
En un caso, en la Ley de Partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, en otro, en la ley de régimen electoral, estableciendo penas entre 3 y 10 años para castigar unos vagos e imprecisos delitos de difamación e injuria o “comentarios negativos” sobre candidatos políticos que, de hecho, preparaban la antesala a un régimen de mordaza del cual, por suerte, nos ha librado el Tribunal Constitucional.
Ayer, esta alta corte declaró inconstitucional el artículo 284, numeral 18, de la Ley de Régimen Electoral, que castigaba expresiones contra candidatos electivos o dirigentes políticos, como si se tratara de una casta social privilegiada, no sometida a críticas ni al escrutinio ciudadano.
Anteriormente el Tribunal Constitucional había fallado en igual sentido al declarar inconstitucional el numeral 6 del artículo 44 de la Ley de Partidos políticos que impedía denunciar actos de corrupción o conductas reprochables a los políticos, imputados con el sesgo de que constituían “comentarios negativos” en contra del honor de tales personajes.
En ambas circunstancias, el propio Tribunal Constitucional fortaleció el principio sagrado de que los medios de comunicación deben de ejercer su misión libres del temor a represalias innecesarias y desproporcionadas, como las que entrañaban estas penalizaciones.
Este ha sido otro gran espaldarazo a la libertad de expresión que enaltece al Tribunal Constitucional y que lo acredita como el mejor escudo con que cuenta la sociedad frente a los desmanes legales que incubaban los artículos proscritos de esas dos leyes.