El aumento salarial
El aumento del salario mínimo, como mecanismo de amortiguamiento al alto costo de la vida, ha sido una de las más legítimas aspiraciones de la clase laboral remunerada de nuestro país.
La demanda es tan apremiante que el Gobierno, en febrero pasado, decidió aumentar el salario de sus servidores desde el mínimo hasta 30,000 pesos; y elevó hasta 10,000 el mínimo base de las pensiones. Ambas medidas entraron en vigor el primero de abril.
Quedaba, en expectativa, el resultado de las negociaciones, tantas veces suspendidas y reanudadas de los representantes del sector empresarial, el laboral y el Gobierno en el seno del Comité Nacional de Salarios. Ayer quedó definida la situación.
Por acuerdo bilateral (gobierno-trabajadores) y con el desagrado y desaprobación del sector empresarial, se decidió subir un 14 por ciento a los salarios de los trabajadores del sector privado no sectorizado, entrando en vigencia el próximo mes de agosto, sin nada de retroactividad.
Los empresarios anunciaron que apelarán esa decisión.
Independientemente de los argumentos que, en favor de su posición de reservas frente al aumento del salario mínimo esgriman los empresarios, una elemental razón de justicia obliga a mejorar los ingresos de los trabajadores, sean de cualquier sector, porque en los actuales niveles no dan para satisfacer necesidades humanas impostergables.
Son muchas las voces que se han alzado en favor de que se mejoren los ingresos de los trabajadores remunerados, en respuesta a una deuda social que tienen con ellos los sectores productivos, y el mismo gobierno en particular, cuyos beneficios y niveles de sustentabilidad de sus actividades y negocios se deben, en gran medida, al talento, el esfuerzo físico, y el compromiso de fidelidad que tributa esa masa de trabajadores a la que le toca muy poca cosa en el pastel de la riqueza nacional.
¡Enhorabuena, aunque sea del 14%!