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Editorial lunes, 08 de julio de 2019

¿Qué candidatos merecemos?

Abierta ya la precampaña para los aspirantes a ser candidatos de sus partidos en los distintos niveles de elección del 2020, lo que más desea la sociedad es que sus futuros representantes en los poderes públicos tengan la capacidad y la calidad para actuar como tales en el desempeño de sus altas responsabilidades.

Los múltiples casos de incompetencia, impericia, ignorancia y corrupción que han salpicado a personas elegidas para puestos municipales y congresionales han restado mucho a la majestad que les otorga la Constitución al poder legislativo y municipal.

Las denuncias de que legisladores aceptan sobornos para aprobar proyectos de leyes que, en muchos casos, pueden implicar lesiones al interés nacional, como es el caso de Odebrecht, o que alcaldes y regidores también se prestan a esas prácticas, han ensombrecido la imagen de estos poderes públicos.

Desde afuera se les ve como apetecibles fuentes crematísticas, en las que se legitiman las acciones individuales de los electos para acumular riquezas o ser favorecidos con los tráficos de influencia que les permite su condición para adquirir bienes y preponderancia pública, sin necesidad de que sus roles en el Congreso o los ayuntamientos sean relevantes para la sociedad.

Validos del privilegio de la inmunidad, muchos agentes disfrazados que están al servicio del crimen organizado, en especial el tráfico de drogas, buscan desesperadamente estas candidaturas, para las cuales invierten un dinero que francamente proviene del lavado de activos con el que compran las voluntades de los electores.

Por eso es indispensable que los partidos políticos, responsables de establecer reglas inviolables para depurar a los que aspiran a candidaturas, se cuiden de no dejar colar a los maleantes en sus boletas electorales, y si es preciso que apliquen pruebas antidopaje y revisión exhaustiva de sus hojas de vida, para cerrarles el paso.

Al Congreso, como a los ayuntamientos, se van a legislar. A diseñar y aprobar leyes y  normas de cumplimiento de la ciudadanía, así como contratos de concesiones, por lo que el tamiz del buen conocimiento jurídico, las buenas prácticas de la administración pública y el criterio de servicio a la sociedad, deben constituir una prioridad de los partidos políticos, ya que su imagen y su respeto al sistema democrático dependerán mucho de lo que finalmente hagan o dejen de hacer sus representantes en estos poderes.

Claro, estamos hablando del estado ideal de un congreso ideal o de un ayuntamiento ideal. El dominicano que quiera hacer valer la robustez de la democracia y la institucionalidad debe reflexionar, a la hora del voto, en los riesgos que se asumen si desperdician su soberana voluntad eligiendo a los peores o menos calificados para dichos cargos, para no volver a arrepentirnos de tales errores.