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Editorial jueves, 04 de julio de 2019

Odebrecht, parte II

La sociedad espera que la justicia pueda llegar hasta el fondo en sus investigaciones sobre presuntos pagos de sobornos de Odebrecht para adjudicarse la construcción de la planta termoeléctrica de Punta Catalina.

Este es un interés que comparte la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, quien ha dicho que favorece que todas las empresas vinculadas al escándalo sean llevadas a juicio, para esclarecer los alcances de la trama corrupta.

El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha anunciado que un equipo de fiscales independientes se ocupará de realizar la investigación judicial correspondiente, que es lo que cabe.

El punto de partida de esta investigación es la filtración de miles de documentos confidenciales de Odebrecht, puestos en evidencia por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, algunos de los cuales aluden a pagos secretos por 39.5 millones de dólares para hacerse con el contrato de Punta Catalina.

Conociendo que Odebrecht operaba un sistema de sobornos, que públicamente ha admitido, para ganar concursos de adjudicación de obras en distintos países de América Latina, la investigación judicial aquí debe adquirir la máxima prioridad, porque implica una superba prevaricación con los dineros públicos.

La experiencia que hasta ahora se ha tenido con los primeros casos develados de sobornos por más de 90 millones de dólares en distintas obras públicas en el país, no le ha parecido satisfactoria a la sociedad.

Por la magnitud de las coimas y el largo tiempo, en años, en que se ejercía esa práctica engañosa, es lógico presumir que mucha gente vinculada a los centros de decisiones de esas obras no han sido tocadas por la justicia todavía.

Apenas seis personas han sido enviadas a juicio de fondo como sospechosas de dar o recibir sobornos, un resultado que hasta ahora no convence a la sociedad.

Eso no debe repetirse, sería el triunfo de la prevaricación y la impunidad.